Cae El Cholo Palacios, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos
MORELIA, Mich., 4 de agosto de 2015.- Al advertir que la Auditoría Superior y el Estado de Michoacán no otorgarán “estado de excepción” a funcionarios de la administración pública, el titular del órgano fiscalizador José Luis López Salgado, reveló que las administraciones del perredista Leonel Godoy Rangel y del priísta Fausto Vallejo Figueroa, aún registran observaciones por el orden de los 4 mil 200 millones y 2 mil 600 millones de pesos respectivamente, ejercidos durante los años 2011 y 2012.
Sin embargo, el auditor michoacano descartó que esas inconsistencias administrativas se interpreten como actos de corrupción, desviación de recursos o que le “hayan medido la mano al cajón”. López Salgado, reconoció que durante esa etapa se intentó clasificar a políticos y funcionarios como corruptos o delincuentes que atentaron contra el patrimonio michoacano, pero aclaró que al pasar de los años los interesados han mostrado disposición por rendir cuentas claras, ante la Auditoría Superior de Michoacán.
Dijo que de este periodo a la fecha, ninguna autoridad del nivel que sea se encuentra exenta de inconsistencias administrativas, pero sostuvo que hay espacios, tiempo y formas para que los responsables puedan ir diluyendo los señalamientos contra sus ejercicios administrativos, en cuyo proceso reconoció es “sinuoso y tortuoso”.
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