Llevan ante juez al agresor del Metro Tacubaya
CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero de 2016.- A poco más de siete años y medio de ocurrida la tragedia en la discoteca News Divine, donde debido a un fallido operativo policíaco murieron 12 personas, y luego de la determinación del 27 de enero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de exonerar a cuatro policías, familiares recurrirán a la justicia internacional.
Así lo informó a Quadratín la directora del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, asociación civil que da acompañamiento jurídico a los familiares de las víctimas que fallecieron el 20 de junio de 2008 en la disco ubicada en la colonia Nueva Atzacoalco, en la delegación Gustavo A. Madero.
Desde el año pasado familiares de las víctimas habían informado a Quadratín que acudirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero estaban pendientes del proceso que se le seguía a los policías, el cual fue resuelto esta semana por la SCJN.
Cruz refirió que el expediente de la investigación estuvo mal armado por la Procuraduría General de Justicia capitalina [que después del operativo fue encabezada por Miguel Ángel Mancera], entonces la SCJN carecía de elementos para responsabilizar a los policías.
“La Corte no tenía los elementos para sancionarlos conforme a la Ley, porque el expediente debió de haber tenido desde la investigación de la PGJDF esos elementos tras una mala integración del expediente y pésima investigación, pero ante esta falta de elementos para poder sancionar debió de haber solicitado a la Procuraduría reparar el procedimiento y haber vuelto a realizar la investigación”, explicó.
La activista remarcó que después de siete años y medio no hay ninguna autoridad en la cárcel por el operativo encabezado por el entonces director del mando único policial (Unipol), Guillermo Zayas, mientras que los familiares de las víctimas aún esperan justicia.
“Imagínate en este caso hubo graves delitos y violaciones a los derechos humanos de las víctimas hasta la pérdida de vida y el Estado les dice a las familias que no hay culpables, ¿entonces quién se hace responsable de las arbitrariedades de la Policía capitalina? Nadie, es una corporación hecha para ser protegida por las altas autoridades y quedar todo en la impunidad”, criticó.
Cuestionada sobre si se puede pedir a la justicia mexicana reabrir el caso del News Divine, respondió que luego de la resolución de la Suprema Corte ya no, por ello recurrirán a la justicia internacional, incluso aseguró que ya tenían previsto el revés en la SCJN y por ello desde el 20 de enero los familiares anunciaron junto con el gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que se crearía un grupo para analizar el expediente.
“Lo que dice la Corte es caso juzgado y con el estudio nos darán los elementos para llevar este caso a las instancias internacionales, incluidos juzgados internacionales para proceder desde ahí y defender los derechos de las víctimas”, añadió Cruz.
“Por ellos la familias solicitaron este estudio, porque ya lo esperábamos”, expresó.
ZAYAS ESTÁ FUERA DE LA LEY
Respecto al proceso del ex director de la Unipol Guillermo Zayas que solicitó un amparo ante la SCJN y se desistió poco antes de la exoneración de los policías, Cruz afirmó que se trata de una “argucia jurídica”.
“Lo de Zayas es una argucia jurídica para no ser sentenciado por la Corte, pues se esperó hasta ahora, antes que la Corte sacara su resolución para desistirse y volver al procedimiento desde el juzgado 19 que debe ahora comenzar su procedimiento”, consideró.
Cruz también mencionó el cargo de Guillermo Zayas como coordinador de seguridad pública en Campeche y dijo que viola la ley, ya que al estar bajo un proceso judicial, está imposibilitado para aceptar un cargo público.
“Zayas es director de seguridad pública en Ciudad del Carmen, Campeche, desde el año pasado, ese cargo está violando todas las disposiciones de la ley de servidores públicos, la Ley de seguridad y la reglamentación de control de confianza.
“Ninguna persona de seguridad pública puede estar de servidor público mientras está bajo proceso judicial”, concluyó.