Redacción/Quadratín México
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de mayo de 2016.- En atención a los resultados de la investigación realizada en torno al caso del kínder Montessori Matatena, donde niños fueron abusados sexualmente, y por instrucciones del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha iniciado la ejecución de las diversas recomendaciones emitidas:
- Este viernes, la Administración Federal de los Servicios Educativos en la Ciudad de México (AFSEDF) procedió a comunicar el cese de las servidoras públicas María Reyna Gómez Pérez y Rosalía Cruz Reyes, que hasta ahora venían fungiendo como subdirectora de Control de Operación e Inspección de Escuelas Particulares y supervisora de Zona, respectivamente, de la propia Administración Federal. Lo anterior, con independencia de las sanciones administrativas que el Órgano Interno de Control de la propia AFSEDF pudiera determinar.
- Este viernes, la AFSEDF dio vista a los Órganos Internos de Control tanto de la propia SEP, órgano con dependencia jerárquica y funcional de la Secretaría de la Función Pública (SFP), como de la AFSEDF, para los efectos procedentes de acuerdo con la legislación aplicable en materia educativa, administrativa y penal correspondiente.
- La SEP, por conducto del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se apersonará en la investigación correspondiente y coadyuvará con la autoridad ministerial, en este caso la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para la debida integración de la averiguación previa que se sigue de acuerdo con las denuncias presentadas y para ofrecer toda la colaboración que sea necesaria.
- Este viernes, el secretario Aurelio Nuño Mayer se comunicó con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y acordaron que esta última institución brindará toda la asistencia técnica y normativa necesaria para diseñar y poner en operación sistemas y procedimientos de prevención oportuna, denuncia y atención inmediata en casos en los que se presuma el abuso de menores, tanto para instituciones educativas públicas como privadas.