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MÉXICO, 8 de abril de 2015.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) alista la aprobación de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.
El anteproyecto fue entregado al presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias, el 1 de abril, y propone la creación de una instancia de gobierno autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como la creación de una mesa de discusión de políticas públicas en materia de libertad de expresión y, entre otros planteamientos, un Consejo Consultivo y uno de Evaluación de Medidas de Protección.
Además, busca establecer un fondo específico para medidas de protección social, no solamente para medidas de tipo cautelar.
En la redacción del presupuesto participó el Gobierno del Distrito Federal (GDF), la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), así como las organizaciones Reporteros sin Fronteras y Artículo 19.
De acuerdo con el encargado del área de Seguridad del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) Edgar Cortez, la ley presenta aspectos positivos, entre los cuales destacó que procede del diálogo entre el gobierno e instancias no gubernamentales, tanto de derechos humanos como de libertad de expresión.
“En general es una buena ley, el gran tema será su aplicación. Hemos visto mucha muy buenas en el país, pero su aplicación efectiva no se da, sobre todo cuando este gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera no se ha distinguido por el tema de respeto a los derechos humanos, tema que lo tiene en el rincón, entonces eso va a ser un reto, que la implementación de la ley atienda los reclamos de periodistas”, dijo a Quadratín.
Explicó que la ley tiene aspectos similares al mecanismo de protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas operado por la Secretaría de Gobernación y organizaciones no gubernamentales, y de la cual el IMDHD forma parte.
Una critica que Cortez hizo al anteproyecto fue a los órganos de toma de decisión.
“Como quedan integrados son muy numerosos, son 11 instancias de toma de decisiones, los grupos colegiados tienen ventajas pero a veces son muy complicados, son nueve de gobierno y dos de la sociedad civil, ese desequilibrio puede llevar a que las decisiones tengan una visión gubernamental más que de los defensores”.
Otro inconveniente es la composición que puedan tener dichos órganos.
“El otro gran tema es que se plantean políticas públicas en la Corte de Prevención, eso es necesario e indispensable. Lo que veo es que ese espacio va a estar compuesto por funcionarios y en menor medida por periodistas y defensoras y eso plantea políticas públicas de apariencia, efectistas.
“La Corte de prevención es similar al mecanismo nacional e insiste en su velocidad de toma de medidas, pero las que tienen que ver con cuerpos colegiados pueden resultar en que no sean rápidas, eso se ha visto en el mecanismo nacional”, agregó y dijo que el anteproyecto no tiene la formula que concilie cuerpos colegiados con decisiones que no resulten casi unilaterales.
Añadió que otro aspecto es el presupuesto, pues los recursos para la administración capitalina ya fueron aprobados para este año, y la idea de la ALDF es que la ley y los órganos comiencen a operar este mismo 2015.
“El primer año no sé cómo se va a subsanar, como se está ejerciendo seguramente no va a tener recursos, tal vez hasta el año próximo”, adelantó.
Otro tema que puede resultar contradictorio es que los periodistas y defensores tengan dos mecanismos a los cuales recurrir, pero no necesariamente sean complementarios.
“Ojala se apruebe pronto la ley y entre más modelos tengamos va ser importante un conjunto de mejores prácticas. Un tema que pongo como preocupación va ser el tema de coordinación entre mecanismos, no están definidos y habrá que construir un tipo de acuerdo de cómo será. La parte virtuosa es que los periodistas tengan dos mecanismos para cuál sirve más, pero el riesgo es que al haber dos se echen la bolita o terminen siendo excluyentes o complementarios y lo que deben hacer es sumar”.
Previó que es más fácil que los mecanismos choquen en lugar de convertirse en un menú de posibilidades.
OBJETIVOS
I. Reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo como actividades de interés público y por lo tanto el Estado debe de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello.
II. Garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas en el Distrito Federal, cuando se encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola; así como salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas, colaboradores periodísticos o defensores de derechos humanos y todas aquellas señaladas en el artículo 40 de la presente Ley.
III. Garantizar a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas que se encuentran fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas, condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor en el Distrito Federal.
IV. Establecer la responsabilidad de los Entes Públicos del Distrito Federal para implementar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social de las personas que se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.