Aprobada, nueva Ley Federal de Transparencia, informó el GPPRD

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario del PRD Omar Ortega Álvarez dio a conocer que fue aprobada en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados la minuta remitida por el Senado de la República con la que se crea la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Dicha Ley, se informó en un comunicado, se aplicará en el ámbito federal a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Dijo que los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) respaldaron de forma unánime el dictamen, pues consideraron que la conclusión de este producto legislativo constituye un avance significativo para la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia.

El también dirigente estatal del PRD en el Estado de México comentó que entre las aportaciones del sol azteca a dicha Ley, se encuentra el amplio apartado en materia de transparencia energética.

En éste se establecieron como sujetos obligados a diversas entidades y dependencia del sector como los son: la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, las Empresas Productivas del Estado, así como sus empresas filiales y subsidiarias, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, además de la propia Secretaria de Energía.

Cada uno de estos sujetos tendrá la obligación de publicar en sus portales de internet información puntual que permita realizar un seguimiento estrecho al proceso de licitaciones y contratos en materia energética.

Otra de las contribuciones de los diputados perredistas, es la imposibilidad que establece la Ley de clasificar como reservada la información relacionada a la comisión de violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción.

Lo anterior, señaló, permitirá que en estos casos se pueda conocer la verdad y reparar el daño en casos tan lamentables como los de Ayotzinapa o Tlatlaya en el Estado de México.

Y se estableció que en las resoluciones que resuelva el INAI se adopte el criterio pro persona, esto es que se brinde la más amplia protección posible del Derecho de Acceso a la Información, añadió el diputado Omar Ortega Álvarez.