Aprueba Senado Ley Federal de Transparencia

MÉXICO, DF., 19 de noviembre de 2015.- El Pleno del Senado de la República aprobó con 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, la Ley Federal de Transparencia que reglamenta la reforma en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Es la primera vez que a partir de una Ley General se crea una Ley Federal, que tiene como objetivo dar marco jurídico a los sujetos obligados del gobierno federal, mientras los Congresos locales serán quienes regulen los sujetos obligados estatales y municipales, incluidos los partidos políticos locales.

La aprobación se da luego de horas de discusión y nueve meses de retraso y establece la obligatoriedad de entes públicos a transparentar información en diversos rubros. El Poder Ejecutivo debe publicar información hacendaria, de fuerzas armadas, Procuraduría General de la República, población, seguridad pública y procuración de justicia, política exterior, medio ambiente y recursos naturales, económica, agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, entre otros.

El Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Especialmente en materia energética: la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y la Secretaría de Energía.

Con la finalidad de que el Comisionado Presidente del INAI se elija en sesión pública y que la ciudadanía siga de cerca su elección, y al Poder Judicial se le mandata propiciar el acceso al público a audiencias y sesiones en las que se resuelvan asuntos jurisdiccionales, implementar plataformas electrónicas y otras herramientas que permita la interacción de la sociedad frente a la actuación jurisdiccional.

En materia de seguridad pública deberán poner a disposición del público y actualizar la estadística desagregada de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas a las conductas consideradas como delitos en materia de justicia para adolescentes, y la estadística relativa a la solución de controversias realizadas a través de los Mecanismos alternativos de Solución de Controversias en materia Penal, desagregada por medios de mediación, conciliación y junta restaurativa.

En materia de política exterior se mandata poner a disposición del público el número de constancias para obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional, así como el número de constancias para la adquisición de bienes inmuebles fuera de la zona restringida, permisos otorgados para la constitución de fideicomisos y otros requerimientos.

En el ámbito educativo, se modifican las obligaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que éste deba poner a disposición del público  información relativa a la evaluación de la educación y transparentar las respuestas que las Autoridades Educativas remitan al Instituto.