
Promueve Ramírez Cuellar la participación ciudadana en elección Judicial
MÉXICO, DF., 9 de diciembre de 2015.- El Pleno del Senado de la República aprobó la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que precisa los supuestos bajo los cuales se podrá restringir o suspender los derechos y las garantías individuales de los ciudadanos en casos de situaciones de violencia, que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la seguridad de la población o parte de ella.
Con 90 votos a favor y siete en contra y tras tres años y seis meses de retraso, el Pleno del Senado aprobó el dictamen que incluye el principio de “necesidad”, bajo el cual se podrán restringir derechos ciudadanos considerando la gravedad y naturaleza de los hechos, salvaguardando en todo momento la legalidad, en casos de “perturbación grave que represente una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas afectaciones”.
La ley reglamentaria que se conforma de 34 artículos, cinco capítulos y un régimen transitorio fue establecida en los transitorios de la reforma en materia de derechos humanos de 2011 con un plazo del 11 de junio de 2012 para su aprobación.
En la Constitución se establece que únicamente el Presidente de la República podrá promover la suspensión de garantías, misma que debe ser aprobada por el Congreso del a Unión en un periodo no mayor a 48 horas, por lo que a fin de resolver la situación de emergencia de manera pronta, las Cámaras de Diputados y el Senado deberán reunirse en Congreso General.
La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz Salazar, precisó la suspensión de derechos y garantías, queda prohibida la desaparición forzada, la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la privación ilegal de la libertad detenciones arbitrarias y el desplazamiento o expulsión forzada.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, detalló que las autoridades no pueden ser omisas o excesivas en el terreno de un estado de excepción y se deben garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que esta ley es parte del proceso de creación y adecuación del marco legal en materia de respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos en momentos de emergencia o excepción.