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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mayo de 2016.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y sin ningún cambio, las minutas enviadas por el Senado de la República relativas a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; la Ley Nacional de Ejecución Penal y modificaciones al Código Penal Federal, así como ajustes a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las cuales son para complementar y fortalecer el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que está determinada para entrar en vigor el próximo 18 de junio.
En entrevista al término de la reunión el secretario de la Comisión de Justicia, el perredista Arturo Santana Alfaro, informó que las reservas hechas a las minutas aprobadas en lo general, serán discutidas en el Pleno durante el extraordinario.
Santana Alfaro se refirió a los puntos que preocupan a su grupo parlamentario, donde destacó que en lo referente a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, les preocupa que el narcomenudeo sea considerado como delincuencia organizada, así como que cualquier funcionario público pueda fungir como agente infiltrado en las organizaciones delincuenciales.
Cabe recordar que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada amplía el catálogo de delitos, tal es el caso del uso de monedas falsificadas, ya que actualmente ésta es una de las nuevas conductas que tienen como objetivo y fin las organizaciones criminales en el país.
Mientras que, en el caso de la Ley sobre Justicia para Adolescentes, el perredista consideró que al establecer edades diferenciadas para dar un trato particular a los menores infractores, se garantiza el respeto a los derechos de la niñez.
“Se divide en tres grupos de edad: de 12 a 14 años; de 14 a 16 y de 16 hasta antes de los 18 años y es garantía para los adolescentes. En esa legislación no hay incremento de sanciones, por el contrario, es una ley que protege a la niños en todas sus formas, e incluso en algunos casos, de sustituir la prisión por otro tipo de medidas, llámese trabajo en favor de la comunidad, internamiento en su domicilio bajo el cuidado de sus padres o tutores o reparación del daño”, explicó.
En tanto la Ley Nacional de Ejecución Penal, cabe señalar que ésta tiene como objetivo reestructurar el sistema penitenciario, con base en la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.