
Prohíbe Cherán las peleas de gallos
MÉXICO, DF a 9 de febrero de 2015.- La Procuraduría General de la República (PGR) respondió a los señalamientos sobre sus investigaciones del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos que hizo el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al apuntar que este grupo no representa una autoridad para dar veredictos legales.
La PGR publicó esta mañana un comunicado para referirse a que el EAAF solamente fue incluidosen las investigaciones por petición de los familiares, además de recordarles que solamente su opinión científica será válida, no como peritos.
“Se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución, a pesar de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos.
“No obstante, por el interés de los familiares y defensores autorizados en la investigación, se les hizo entrega, en todo momento, de los dictámenes, diligencias y evidencias de todas las actuaciones practicadas en el caso”, se lee en el texto.
La institución que dirige Jesús Murillo Karam dijo que no es válido ni acreditado que los argentinos busquen «sembrar la duda» de que en el basurero de Cocula no fueron ejecutados e incinerados los estudiantes.
Los argentinos, abundó la dependencia federal, «no son autoridad» en la investigación, por lo que sus pretensiones de que se les entregue la cadena de custodia de las pruebas recabadas «rebasa» las funciones que le fueron asignadas.
Precisó que el EAAF no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el Río San Juan, a pesar de que les fue comunicado el inicio de la diligencia la noche anterior, por parte del equipo de la Procuraduría General de la República.
«La mañana del 29 de octubre de 2014, el EAAF decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió a él, en lugar de al Río San Juan, aún cuando el vehículo que los transportaba tenía como primer arribo el Río, lugar al que llegó y descendió personal de la Procuraduría (incluyendo peritos) para realizar dicha diligencia.
“Esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF», menciona el comunicado.
Con relación al señalamiento del EAAF respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el Río San Juan, la Representación Social de la Federación señaló que el EAAF «no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético», además de que la cadena de custodia fue iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación que condujo la diligencia, quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, «por lo que la PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia, rebasa con creces su función de peritos habilitados».
Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del basurero de Cocula, el 15 de noviembre, se dejó claro que el EAAF no fue convocado, «dado que no» se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera antropología, criminalística y genética, dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes.
La PGR detalló que se han realizado hasta el momento 487 peritajes, en 26 especialidades, sin que el EAAF participara en todos y cada uno de ellos por no corresponder a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación.
«A pesar de ello, los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas, parecerían más especulaciones que certezas».
Eexhortó a los argentinos a que, en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la averiguación previa, aporten sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa.
«Respecto del resguardo del sitio, efectivamente, una vez que se habían concluido los peritajes en el basurero de Cocula, de común acuerdo los miembros del EAAF y los peritos de la PGR determinaron que ya no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación, por tal razón, pudieron acceder al sitio medios de comunicación y familiares; cabe recordar que dicho lugar fue localizado después de un mes de sucedido el evento criminal. Sin embargo, su petición de volverlo a resguardar, fue atendida y los días que no se contó con seguridad en el lugar, no representan ninguna afectación al resultado de la investigación», apuntó el Ministerio Público Federal.
Sobre la aseveración realizada en el comunicado en la que señalan que «la PGR presentó conclusiones sobre la evidencia física recolectada en el basurero de Cocula, interpretándolas como perteneciente a un solo evento de fuego que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014», en la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015, se señaló que se encontraron tres zonas con ceniza dentro del basurero, haciéndose también la indicación del punto de origen del incendio e inclusive se señaló que el área principal de fuego abarcó 140 metros cuadrados en una superficie cercana a los 15 X 9 metros.
Al especular que «los elementos tomados como diagnóstico por la PGR –aluminio, vidrio, dientes, etc.- en su interpretación de la evidencia recogida en el basurero y mencionados en la conferencia de prensa de 27 de enero del 2015, pueden no corresponder a los incidentes del 26 de septiembre del 2014, sino a eventos anteriores», el EAAF emite un criterio aislado «y la Procuraduría General de la República señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa referida, y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, «y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas», esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría.
«De manera científica, ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, corresponden químicamente a los encontrados en el basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad», puntualizó.
Aclaró que no ha concluido la investigación, que no podrá ser cerrada dada la naturaleza de los delitos, y reitera, que se ejerció acción penal en contra de quienes confesaron con detalles el secuestro y homicidio de los estudiantes normalistas, en los plazos que marca la ley y que son irreductibles, con base en todas las evidencias encontradas, las 39 confesiones hasta el día de hoy recabadas, los 487 peritajes realizados, las 386 declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial y las 153 inspecciones ministeriales practicadas.
«Por el contrario, de atender los argumentos poco sustentados que el Equipo Argentino de Antropología Forense ha publicado, no se habría podido ejercer acción penal en contra de los autores de este trágico evento, lo que es contrario a la justicia y al interés de los familiares y de la sociedad mexicana».