Arraiga la PGJ Veracruz a 13 policías de Medellín por el caso Moisés

XALAPA, Ver., 8 de enero de 2014.- El procurador del estado Luis Ángel Bravo Contreras, aseguró que la Procuraduría de Justicia examina a todos los elementos e indicios que conduzcan a conocer el paradero de Moisés Sánchez Cerezo y antes que negar los nuevos indicios, son investigados concienzudamente cada uno de ellos, utilizando métodos y tecnología de punta en materia pericial.

Bravo Contreras platicó en la noche del miércoles con reporteros de diferentes medios de información, luego de versiones sobre un supuesto ocultamiento de información en la desaparición de Sánchez Cerezo.

“Hasta el momento se realizan un caudal de diligencias ministeriales que personalmente constato que se lleven a cabo de manera transparente y pulcra, lo que permite que a la fecha el juez haya concedido el arraigo de 13 policías municipales de Medellín y contamos ahora con un plazo de 30 días para continuar investigándolos” enfatizó el procurador.

A pregunta expresa, aseguró que de encontrarle responsabilidad al presidente municipal de Medellín, Omar Cruz, se actuará conforme a derecho y se realizarán las acciones correspondientes, al tratarse de un alcalde, que ostenta fuero constitucional, pero aseguró que no habrá omisión de ningún tipo.

El fiscal del estado informó que como parte de las diligencias que lleva a cabo la dependencia a su cargo, personal de servicios periciales realizan pruebas de ADN y antropométricas a cadáveres encontrados en la región central del estado.

“Los signos encontrados en los cuerpos no permiten hasta el momento establecer una certeza en la identificación; sin embargo, las pruebas de genética serán contundentes en los resultados afirmativos o negativos”, detalló.

“Nuestro compromiso es desahogar todas las líneas de investigación para consignar la verdad de los hechos, para cumplir en este caso como en todos y perseguir los delitos que ocurren en Veracruz”.

Bravo Contreras dio a conocer que en breve la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), emitirá su dictamen para determinar si atrae este caso.

“Aun así, si nuestra investigación determina que tuvo parte la delincuencia organizada en los hechos, la ley me obliga a dar parte a la PGR y en su momento, daría cuenta puntual, como lo mandata la ley”, finalizó.