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MÉXICO, DF, 24 de febrero de 2015.- La falta de un modelo de diagnóstico sobre la trata de personas en México trae como consecuencia una nula coordinación entre las instancias gubernamentales, escasez de rigor metodológico para recabar información y medidas insuficientes para combatir este grave problema por parte de las autoridades gubernamentales, lo que crea un clima de impunidad para los responsables y mayores riesgos para las víctimas, advierten especialistas y académicos de la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación Social Avanzado (CISAV).
De acuerdo a estas dos instituciones, el Modelo Nacional de Investigación sobre el fenómeno de la Trata de Personas en México presentado hoy, es necesario instrumentarlo antes de que este problema tome mayores dimensiones en perjuicio de mujeres, niñas/os y trabajadoras/es del campo que hoy sufren una doble agresión, una por parte del victimario directo y la segunda, por el Estado y la sociedad que no procuran herramientas sólidas para combatirlo.
Lo anterior se desprende de la investigación que plantea un panorama general sobre el delito de la Trata de Personas y que constituye un Modelo Nacional de Investigación sobre la Trata de Personas –caso Querétaro-, realizado por el CISAV y presentado con el auspicio de la Universidad Iberoamericana, al que se sumaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos.
Durante la presentación en la Universidad Iberoamericana, Natalia Stengel coordinadora general de la investigación, subrayó la urgencia de la organización integral, del apoyo de instituciones académicas, de seguridad, de asistencia a víctimas y promotoras de derechos humanos para trabajar juntas y coordinar esfuerzos a fin de combatir este problema que no sólo afecta a mujeres, sino a niños, niñas, indígenas y migrantes.
El modelo de investigación busca crear conciencia en la población sobre el problema de la trata de personas; contar con información fiable que permita una mayor comprensión de lo que implica este tipo de esclavitud y posibles acciones que se pueden promover desde el estado como institución política.
La atención y búsqueda de solución al fenómeno no es posible si antes no se visibiliza a plenitud la situación, dijo.
“Hoy, Tlaxcala es considerada la capital mundial de la trata de personas, en donde 8 de cada 10 niñas quiere dedicarse a asuntos relacionados con la Trata pues no ve otra opción de futuro. Así que hoy comprometámonos a evitar que el futuro de toda niña y niño de este país se encuentre en la misma situación, trabajemos para que en un futuro no sean 9 de cada 10 las posibles víctimas de este delito”, agregó la coordinadora de la investigación, Natalia Stengel.
El modelo nacional de investigación puede ser replicado en todo el país, porque se apega a las definiciones y al marco de acción sugeridos por los organismos y los instrumentos internacionales más relevantes de la lucha contra la Trata; recoge información de la ciudadanía en general de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles e instancias gubernamentales que son las que tienen la infraestructura y la responsabilidad necesaria para brindar datos concretos, reales y eficientes sobre la Trata de Personas, así como un sistema de gráficas, mapas y diagramas que focalizan el sistema.
Emilio Maus Ratz, director contra la Trata de Personas y Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lamentó que este delito considerado “la nueva forma de esclavitud” crezca día con día.
Aunque no se cuenta con datos precisos, señaló que el Instituto Nacional de geiografía y Estadística(Inegi) calcula que en México 777 mil mujeres son forzadas a la prostitución, mientras que una organización Australiana especializada en trata de persona calcula que en el país existen 266 mil víctimas que sufren alguna forma de trata.
Pese a ello lamentó la actitud de negación de autoridades y la indolencia de servidores públicos que niegan la existencia de este delito en sus territorios, “lo que se traduce en inactividad y por ende en impunidad”.
Denunció como ejemplo que el Protocolo Palermo para combatir la trata, tardó diez años en ser homologado en legislaciones en México.
Mencionó que de acuerdo a un diagnóstico de la CNDH, en el periodo 2009-2014, se iniciaron 2115 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, pero las sentencias sólo llegaron al 7 por ciento, lo que revela la magnitud de la impunidad en este delito.
En su oportunidad, el José Antonio Ibáñez Aguirre, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la IBERO y Miguel Ortega Vela, director Ejecutivo del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos urgieron a acciones transversales que involucren a toda la sociedad.
La trata de personas, abundó Ortega Vela, no sólo es la “cosificación” de las personas con fines sexuales, sino como objeto de consumo, por lo que el diagnóstico presentado advierte la existencia de trata con fines de tráfico de órganos, explotación laboral y otras.
Por ello, elogió que el diagnóstico considere a actores y circunstancias que siempre se pasan por alto como la trata laboral, la explotación de migrantes y menores de edad.
A su vez, Rodrigo Guerra López, director del CISAV, sostuvo las deficiencias para combatir la trata de personas que arroja la investigación realizada en Querétaro, pero que refleja la realidad nacional: la existencia de tratantes; de consumidores y víctimas, pero sobre todo la denuncia de la gran invisibilidad del problema programada, tolerada o promovida por las autoridades gubernamentales.
En suma, sostuvo, para atacar un problema hay que conocerlo, estudiar sus causas, consecuencias y actores. Por ello, lamentó que lo que se ve en Querétaro un estado en donde parece que no pasa nada, es signo de lo que sucede a nivel nacional: “el arte de la cosmética para maquillar la realidad”.