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MEXICO, DF, 26 de mayo de 2014.- En más de un año los grupos de autodefensa de Michoacán lograron lo que varias administraciones estatales y federales no consiguieron: contener a la delincuencia organizada y construirse una imagen positiva por la ofensiva emprendida contra los capos locales, a tal extremo que el ex vocero de estos grupos, Estanislao Beltrán, asegura que “ahora somos gobierno”
La irrupción, el 24 de febrero de 2013, de civiles armados en las poblaciones calentanas de Buenavista y Tepalcatepec se multiplicó en más de un año hasta llegar a 32 municipios los cuales –a lo largo de una década– fueron considerados como zonas bajo el control de La Empresa, primero, La Familia, después y, posteriormente, de los Caballeros Templarios.
El entonces secretario de Gobierno, Jesús Reyna –ahora sujeto a proceso penal por su presunta complicidad con grupos delincuenciales– se refirió a los civiles armados de Buenavista y Tepalcatepec como un “asunto estable con tendencia a disminuir”.
Desde la Secretaría de Gobierno se insistió en minimizar el control territorial que asumían los civiles armados –también conocidos como comunitarios– y los enfrentamientos que sostenían contra comandos delincuenciales así como los amagues de los Caballeros Templarios por recuperar poblaciones bastiones para el trasiego de drogas, mercancías ilegales y sujetas a extorsiones, secuestros y asesinatos.
En las poblaciones de Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla los ediles dejaron de despachar en la cabecera municipal y se trasladaron a municipios vecinos o a la capital michoacana para intentar dirigir la administración a la distancia.
En la Tierra Caliente y en la región de la Sierra-Costa hubo escasez de mercancías y combustible debido a los controles que también ejercía la delincuencia organizada en las carreteras como reacción a la presencia de las autodefensas.
El 18 de abril, el gobernador Fausto Vallejo solicitó licencia para ser sometido a un trasplante de hígado y se reincorporó cinco meses después, periodo en el cual se da la primera intervención de la Federación para tratar la crisis de inseguridad, siendo Jesús Reyna quien asumió de forma interina las riendas del Ejecutivo local.
Tras una sesión del Gabinete Nacional de Seguridad en la capital michoacana con el gobernador interino y los titulares de la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la primera intervención militar del gobierno de Enrique Peña Nieto la cual se centraría en la Tierra Caliente de michoacana.
“Si alguien pregunta cuándo saldrá la Federación de Michoacán, la respuesta es: estaremos no sólo hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad sino cuando el gobierno del estado tenga la fuerza para continuar las acciones que ya realizamos”, sostuvo el encargado de la política interna a manera de anticipo de lo que ocho meses después sucedió: la designación de Alfredo Castillo como comisionado especial para la Seguridad y el Desarrollo Integral.
Tras la incursión de las fuerzas federales en 29 municipios controlados por los grupos de autodefensa se registró un acuerdo tácito con los civiles armados que no estuvo exento de conflictos como fue la detención de 41 milicianos en Aquila, quienes permanecen encarcelados hasta la fecha.
Sin embargo, en las ofensivas protagonizadas por los grupos de autodefensa era común que personal militar y de la Policía Federal escoltara o se mantuviera en la retaguardia cuando se registraban enfrentamientos con comandos al servicio de la delincuencia organizada.
En las embestidas, según el propio Estanislao Beltrán, perdieron la vida una decena de los miembros de las autodefensas y un centenar de pistoleros de los Caballeros Templarios, “cifra que no puede ser corroborada con cadáveres de los sicarios, pues los mismos comandos recogían a los caídos”.
A finales de enero del 2014, Alfredo Castillo anunció el pacto con los grupos de autodefensa con el cual se convertirían en policías rurales, registrarían su armamento y se desmovilizarían.
“Ustedes son muy valientes, les dijo el comisionado federal, porque cuando estaban hartos de las injusticias tomaron las armas para defenderse a sí mismos, pero se necesita todavía más valentía y altura de miras para institucionalizarse y para pasar a la mano y trabajar en el marco de la ley».
Una de las monedas de cambio de los líderes de los grupos de autodefensa para sumarse a la iniciativa federal es que se debería detener o abatir a los siete principales líderes del cártel de los Caballeros Templarios. A decir: Nazario Moreno (a) El Chayo, Enrique Plancarte (a) El Kike, Servando Gómez (a) La Tuta, Dionisio Loya Plancarte (a) El Tío, Fernando Cruz Mendoza (a) El Tena, Jesús Vázquez Macías (a) Toro e Isidro Virrueta (a) ElChicano.
Los dos primeros fueron abatidos en enfrentamientos. Todos los demás –a excepción de La Tuta, El Tena y El Chicano– están detenidos en centros penitenciarios federales.
De esta manera, la captura de Servando Gómez, La Tuta, fundador del cartel michoacano, en palabras de Alfredo Castillo es la “cereza en el pastel”.
Los fundadores de los grupos de autodefensa, a la vuelta de un año, ocupan lugares distintos: Estanislao Beltrán funge como el primer comandante de la Policía Rural Estatal; José Manuel Mireles, fue expulsado como miembro y vocero del Consejo de Autodefensas y señalado como presunto responsable del asesinato de cinco personas, mientras que Hipólito Mora fue exonerado del asesinato de dos miembros de las autodefensas.