Autoridades coludidas con el narco, cultivo de desapariciones

MÉXICO, 26 de octubre de 2014.- La penetración del crimen organizado en varios municipios de Guerrero ya había sido detectada con antelación, afirma el ex subprocurador General de la República, Jorge Lara, e inclusive la CNDH había advertido desde 2013 el clima de inseguridad en esa entidad y la Red de organizaciones de derechos humanos Todos los Derechos para Todos (TDT) afirma que en el caso de los 43 estudiantes cumple con todas las condiciones para que se determinen como desapariciones forzadas.

El padre Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos, consultado por Quadratín dijo que en el caso de Ayotzinapa hay un matiz: se usó al crimen organizado y el delito lo cometió, afirma, “el narcoestado”.

Además de la declaración de Lara, en el sentido de que la presencia de grupos criminales en Guerrero ya había sido detectada, la CNDH afirma que hubo distintas alertas hubo sobre la situación en Guerrero. En su informe sobre autodefensa en el estado de Guerrero –presentado en el pasado mes de diciembre– ya alertaba sobre espirales de violencia que obligaban a los grupos a tomar justicia por su propia mano, ante el abandono del ejercicio de seguridad pública fundamental.

Expuso que el fenómeno de esa entidad se debía a “las lamentables condiciones sociales, la falta de respuesta eficaz del estado y el vacío que generaron las autoridades estatales y municipales. Eso explicaba que varios grupos hubieran decidido tomar el control para defenderse de la violencia e inseguridad que vivían en sus comunidades.

Jorge Lara, el ex funcionario de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Reprocha: “dejar de tener a la seguridad como una prioridad en la agenda de temas de Guerrero, de parte de los gobiernos federal y estatal, soltó las amarras para contener la presencia del crimen organizado y su penetración en diversos niveles de gobierno”.

“Al soltar las amarras muchos vieron la oportunidad para hacer de las suyas y para dejarse infiltrar al más alto nivel como en el caso de Iguala y la circunstancia obliga a replantear el tema y tratarlo con la seriedad y cuidados que ameritan y no incurrir en una falsa impresión de que en el país no pasa nada”, dice en entrevista para Quadratín.

Según la CNDH, el 66 por ciento de la población vivía en situación de pobreza en 46 de los 81 municipios, de los cuales 14, ante la crisis, el gobierno federal tomó el control de las labores de seguridad pública. Seis son gobernados por el PRD y otros seis por el PRI.

Iguala, Cocula, apaxtla, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Teloloapan son gobernados por el PRD.

Arcelia, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón y Tlapehuala son gobernados por priístas.

Para el padre Solalinde lo ocurrido en Ayotzinapa es un crimen de un narcoestado, equiparable a lo sucedido el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. “El crimen organizado –afirma– es ya político. ¿Qué diferencia hay entre el corrupto del narcoestado y el crimen organizado?, dice y agrega: “ya tenemos demasiadas pruebas de personas que se coluden, podemos hablar que es un narcoestado”.

La disputa del territorio

Un síntoma de la alta inseguridad es que en Guerrero la violencia contra los defensores de derechos humanos es de las más altas en el país, y ahí los grupos de la delincuencia organizada se disputan territorios de manera violenta, se lee en “El derecho a defender los derechos humanos en México: informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013”, de la Red de organizaciones de derechos humanos Todos los Derechos para Todos (TDT).

Bajo este contexto, y con antecedentes históricos de represión en contra de grupos sociales opuestos al gobierno, la agresión contra los normalistas podía resultar previsible, pero no la forma, analiza por su parte Casimiro (nombre ficticio por cuestiones de seguridad), conocedor de la región, y atribuye la brutalidad contra los estudiantes a eso, a un asunto de brutalidad.

A ello se agrega la presencia de grupos criminales, que en el estado suman más de 10 y viene a ser una muestra más d la falta de amarres para la contención criminal, apostilla Lara, quien agrega: “hay multiplicidad de grupos delincuenciales, lo que habla de escasez de control que hay en la entidad de los mecanismos de coordinación que hasta ahora se han señalado”.

Casimiro, consultado por Quadratín pide no revelar su nombre, por cuestiones de seguridad. Con esa condición comparte lo que él ha visto. Conocedor de la región de Guerrero donde ocurrieron los sucesos y nativo de la entidad, sabe de la historia de guerrillas, la represión que históricamente han sufrido los campesinos, de la desconfianza endémica que hay hacia el Ejército, de los cacicazgos, de la presencia del crimen organizado y la resistencia que ofrecen diferentes expresiones de  policías comunitarias. Y para él son 17 los grupos criminales que confluyen en Guerrero,” pero a cada rato se producen escisiones y nacen más”, dice.

Eso genera la confrontación de los grupos derivados de los liderazgos de los Hermanos Beltrán Leyva, Servando Gómez “La Tuta” y Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se disputan las regiones que tienen mucho movimiento económico para vivir de la extorsión, porque ni ellos ahora pasan droga de un estado a otros sin el riesgo de que se tengan que enfrentar a cada rato, en lo que antes eran rutas libres y tranquilas del narcotráfico, añade.

Por ello la mayor violencia aparece en ciudades con mucho dinero como Acapulco, Chilpancingo e Iguala, pero también en Carrizalillo, Mezcala donde se encuentra la mina Goldcorp o en Tierra Caliente por la exportación de limón, aguacate, mango y carne.

“El crimen organizado además de penetrar al gobierno, penetra las estructuras sociales y los colude, socialmente. La inseguridad es tal, que hasta en los viejos territorios del crimen organizado se han vuelto vulnerables a la delincuencia quienes ahí viven, luego de la guerra decretada contra el narcotráfico en la Presidencia de Felipe Calderón.

Además está la vecindad con Michoacán, Morelos y el estado de México. En la región centro-norte los municipios de Chilpancingo, Iguala y Taxco colindan con los tres estados.

En el caso específico de Ayotzinapa considera que no era previsible que pasara la desaparición de los 43 normalistas, como sucedió.

“Los ‘ayotzis’ a cada rato salen a botear y nadie tiene la agenda ni de rutas, ni de día, ni de horas de boteo. En todo caso hay, yo pienso, un acto de ingenuidad de los chavos, porque ellos sí saben que su estado es altamente peligroso para salir a botear en la circunstancia actual, y peor aún para transitarlo, sobre todo en la noche. Ahí creo que ellos, como buenos chavos, les ganó el valor de la juventud y nunca pusieron en su estrategia la posibilidad de que un día era factible que los levantara el crimen organizado como primera instancia, porque de que saben que la policía los hostiga eso no hay duda, pero no consideraron lo peligroso que es ahora la región centro y norte del estado, a pesar de que ellos en su propia región de la Normal, en Tixtla, de por sí les pasa, porque literalmente hay toque de queda para no transitar por esa carretera en la noche, debido a la cantidad de secuestros, robos, y asesinatos que han ocurrido”, relata

Rojos contra Guerreros Unidos

En cuanto a la presencia de los Guerreros Unidos en Iguala, dice que es conocida, y considera que son un grupo allegado a perredistas de la región, que rivalizan con el grupo del cual son una escisión, Los Rojos, cuyas simpatías son hacía representantes del PRI.

“Guerreros Unidos son la segunda escisión de los Beltrán Leyva. La primera se llama Los Rojos, quienes salen a la luz pública en 2011 y los Guerreros por el 2013. Se declaran rivales lo cual desde entonces ha ocasionado enfrentamientos a cada rato, sobre todo entre Chilpancingo, Iguala y los distintos pueblos que rodean a estas ciudades, entre ellas Huitzuco, la tierra del ‘Tigre Mayor’; Rubén Figueroa. Son regiones priístas y de ex funcionarios del PRI que se pasaron con Aguirre al PRD, que ese dato no es menor y que prácticamente nadie toca en sus notas de prensa. Para mí hay una clara confrontación de priistas y ex priístas que ha llegado hasta las instancias del narco, porque requieren de ellos para controlar procesos políticos y territorios, que a la vez implica control económico”, refiere.

Un dato que le llama la atención es el de que antes del 26 de septiembre la presencia de los Guerreros Unidos en Iguala no era tan fuerte como la de Los Rojos

“Los Rojos tienen mucha más fuerza que los Guerreros en esa zona y estos tienen mucho más fuerza en Chilpancingo, de tal manera que no me checa del todo el dato, sin dejar de observar que efectivamente la esposa del Presidente de Iguala es parienta de un líder de los Guerreros. Me sorprende mucho la parálisis de notas sobre Los Rojos quienes en apariencia viven felices que no se les incrimine y no los pasen a perseguir y entonces reduzcan sus fuerzas para que ellos retomen plazas. No me checa que Iguala aparezca en manos de los Guerreros pues lleva años siendo controlada por Los Rojos”.

“A su vez Aguirre de interino sirvió para cubrirle las espaldas a Rubén Figueroa por la matanza de Aguas Blancas, caso que continúa impune. René Juárez le cubrió las espaldas a Aguirre por la masacre de El Charco y en prácticamente todos los casos solo quedan presos los policías o militares inmiscuidos, ni siquiera los jefes de la policía sino los de más bajo perfil”, remata Casimiro.

Declaraciones ministeriales

La actuación de delincuentes organizados y policías expuso el columnista Martín Moreno, en el portal SinEmbargo, donde afirma tener copias de declaraciones ministeriales de algunos de los asesinos de los normalistas, interrogados por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.

De acuerdo con las declaraciones de un ex militar, Honorio Antúnez Osorio, fue el oficial de barandilla Ulises Bernabé García quien entregó a los normalistas a los sicarios de Cocula, a los de Protección Civil y a elementos del Grupo de Reacción Inmediata también conocidos como “Los Bélicos”, entre ellos Francisco Salgado Valladares, director de Seguridad Pública de Iguala y al comandante Héctor Aguilar, ´El Chombo´, segundo de a bordo de la célula de Valladares.

La orden de matarlos provino de El Choky, líder de Los Guerreros Unidos, de acuerdo con la declaración de Martín Alejandro Macedo Barrera, citado por Moreno.

“El Choky dio la instrucción que les diéramos piso… A algunos los mataron con tiro de gracia en la cabeza y a otros a golpes ya que se pusieron muy violentos cuando estaban secuestrados y para que no estuvieran chingando se decidió matarlos; creo que utilizaron la excavadora para enterrarlos en el mismo rancho que tenemos, a siete de estos muchachos los quemamos por instrucción del Choky”.