Avalan diputados transferir el Inaes a Sedesol para darle enfoque social

MÉXICO, DF., 18 de noviembre de 2015.- Con 338 votos en pro, 22 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados avaló transferir el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), actualmente adscrito a la Secretaría de Economía (SE), a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el propósito de adecuar las acciones de ese Instituto a un mayor enfoque social.

En sesión ordinaria de este miércoles, los diputados desahogaron la iniciativa entregada el pasado 8 de septiembre por el Ejecutivo federal, con Proyecto de Decreto por el que se reforman la denominación y diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política, en lo referente al Sector Social de la Economía, y se adiciona la fracción XIV al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con la transferencia del Inaes a la Sedesol, se pretende orientar de forma adecuada las acciones del Instituto, alineándolas a las directrices y políticas de carácter social de la Administración Pública Federal, en el marco de la Ley que lo crea y de la Ley General de Desarrollo Social.

En la estructura programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se consideró la transferencia del Programa de Fomento a la Economía Social, a cargo del Instituto, a la Sedesol, así como su fusión con el Programa Opciones Productivas, a fin de promover que las personas en situación de pobreza cuenten con acceso a opciones productivas para desarrollar proyectos sustentables y productivos, que generen empleos que les permitan alcanzar un nivel de vida digno.

La Sedesol, a través de la fusión de los programas citados, incrementará el apoyo a la implementación de proyectos productivos sustentables económica y ambientalmente, mediante la entrega de recursos económicos capitalizables para la adquisición de activos, conceptos de inversión diferida y capital de trabajo, así como apoyos no capitalizables para la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación técnico productiva.

“Se prevé la entrega de apoyos integrales para la puesta en marcha o consolidación de proyectos capitalizables que permitan ampliar la capacidad productiva de personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar”, reza el documento.

Esto, integradas en grupos sociales u organizaciones de productoras y productores que cuenten con iniciativas productivas y que habiten en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios catalogados como predominantemente indígenas de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y en las localidades de alta y muy alta marginación con una población hasta de 14 mil 999 habitantes, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja.

El documento aprobado indica que mediante esta transferencia y fusión se pretende coadyuvar a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad, rezago y marginación, en congruencia con la Política Social de Nueva Generación que está enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos y que gira en torno al ciudadano, ubicándolo como un agente de su cambio, protagonista de su propia superación a través de su organización y participación activa.