Avanza a paso lento ley para menores en Michoacán

MÉXICO, DF, 27 de mayo de 2015.- Pese a que el Congreso de Michoacán aprobó el pasado 30 de abril el dictamen que expide la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado, las dependencias de gobierno reconocen un rezago en lo relacionado a instrumentar políticas públicas encaminadas a mejorar las prácticas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las menores.

Al cumplirse con la obligación que tienen los estados de armonizar el marco jurídico local a la norma de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –iniciativa preferente del Ejecutivo federal– antes del próximo 3 de junio, Mariana Sosa Olmeda, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), informó a la Cámara de Diputados que el sistema estatal carece de un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores que han sido privados de su vida, ya que dicha información compete a las autoridades de administración de justicia.

Lo anterior corresponde a la contestación del gobierno de Michoacán de Ocampo, publicada este día en la Gaceta Parlamentaria, con la que remite respuesta a un punto de acuerdo aprobado el 14 de enero de 2015, relativo a elaborar un registro sobre menores asesinados e instruir a las secretarías competentes a establecer políticas públicas encaminadas a mejorar las prácticas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, conforme al mismo punto de acuerdo, Arlette Saavedra Romero, secretaria técnica de los Servicios de Salud de Michoacán, informó que en lo que compete a la dependencia presidida por José Antonio Mata Hernández se emitirá el informe estadístico solicitado, asimismo se tomarán las medidas necesarias correspondientes, con fundamento en lo dispuesto en el reglamento interior y el manual de organización de dicho organismo.

En tanto, Salvador Sánchez Suárez, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detalló con base en información de la Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, dirigida por Noelia Carolina Martínez Piñón, que en dicha dependencia no se cuenta con una base de datos que contenga un registro sobre menores asesinados.

No obstante justificó que se cuenta con los siguientes programas en la entidad michoacana: prevención del delito cibernético, extorsión telefónica, medidas de seguridad personal, violencia de género, familiar y trata de personas, prevención de la violencia sexual en menores y valores, entre otros de no menos importancia, cuya finalidad es la prevención del delito.

Del oficio girado por la Dirección de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán a la de Asuntos Jurídico y de Derechos Humanos, el titular Ricardo Díaz Ferreyra indicó sin determinar cifras que en la institución, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística, se lleva a partir de 2006, un padrón actualizado y puntual respecto del ilícito de homicidio en sus modalidades de conducta dolosa o culposa, cometido en agravio de menores de edad.

Desde febrero de este año, el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, urgió a diputados locales a no esperar a que sus gobernadores presenten los proyectos y construir, desde el Poder Legislativo, las reformas que se necesitan para proteger a los menores.

Ante la ausencia de políticas públicas hacia los menores de edad, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, Verónica Juárez Piña, dio a conocer que el 60 por ciento de niñas, niños y adolescentes del país son víctimas de violencia en cualquiera de sus formas, y en la mayoría de casos son los propios padres, maestros, tutores y autoridades quienes vulneran su integridad física y emocional con actos de abuso y maltrato.

La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus facultades, elaboren de manera inmediata un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores que han sido asesinados.

Los Ejecutivos estatales deberán instruir a las secretarías competentes a establecer políticas públicas encaminadas a mejorar las prácticas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil, derechos reconocidos ya en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes generó mecanismos de coordinación entre los tres órganos de gobierno que obligan a las autoridades a incorporar en sus presupuestos la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar el goce pleno de sus derechos a menores.