Avanza solución de casos en México ante la CIDH

MÉXICO, DF., 26 de septiembre de 2015.- Como parte de la política permanente de solucionar las peticiones individuales en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 23 de septiembre, el Estado mexicano formalizó la firma de acuerdos de solución amistosa en dos casos que se encontraban en trámite ante la Comisión desde 1994 y 2008, respectivamente, y cuyas víctimas fueron miembros de poblaciones indígenas en Chiapas y en Oaxaca.

De acuerdo con un comunicado, ambos pactos fueron elaborados con base en los más altos estándares interamericanos en materia de reparación, además que el Comisionado James Cavallaro, Relator para México de la CIDH, estuvo presente como testigo de honor durante su firma. En el marco del evento, el Comisionado Cavallaro destacó que con éstos el Estado mexicano puede desarrollar las mejores prácticas en las Américas para prevenir violaciones de derechos humanos.

El 24 de septiembre, funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, se reunieron con el Comisionado Cavallaro y la Unidad de Soluciones Amistosas de la CIDH, con el fin de puntualizar el cumplimiento de algunos acuerdos de solución amistosa celebrados en el pasado.

A través de un diálogo cordial y franco con la CIDH y los representantes de las víctimas, se logró avanzar en el cumplimiento de cuatro casos adicionales. Aunado a ello, se iniciaron los diálogos para arribar a dos acuerdos de solución amistosa más.

En la atención de estos casos se abordaron temas como tortura, debido proceso y garantías judiciales y violencia de género, y estuvieron presentes autoridades no sólo del ámbito federal, sino también de estados de la República, como Chiapas, Chihuahua y Oaxaca.

El Estado mexicano ha insistido a la CIDH en la importancia de encontrar vías que den celeridad al trámite de los casos que conoce en beneficio de las víctimas, por lo que estas acciones conjuntas contribuyen determinante a su conclusión. Por ello, el Gobierno de la República valora también la disposición de las organizaciones de la sociedad civil que se suman a esta tarea.