Ayotzinapa condensa la crisis de derechos humanos en el país: IMDHD

MÉXICO, 7 de noviembre de 2014.- La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre, y cómo se ha investigado para encontrarlos, condensa la crisis de derechos humanos que se vive en el país, consideró el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez.

“En materia de derechos humanos muestra cómo se pueden cometer desapariciones forzadas con pasmosa facilidad y muestra cuánto le cuesta al Estado resolverlas. Es una crisis de derechos humanos, sigue habiendo facilidades para las violaciones de derechos humanos y pocas posibilidades DE que se castiguen, y es lo que vemos con el dolor de las familias cuyo reclamo se vuelve un permanente calvario”, expuso Cortez a Quadratín.

Entrevistado luego de la conferencia del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, el ex director del Centro Pro de Derechos Humanos consideró que también la desaparición de los normalistas refleja la penetración de la delincuencia organizada en las instituciones de seguridad.

“Nos refleja la perversión de algunas instituciones como serían las instituciones de policía municipal, que según la ley tienen la obligación de garantizar la seguridad pero lo dejan de hacer y pueden detener e incluso ‘poner’ personas a los grupos delincuenciales. Es la perversión de las instituciones”, explicó.

De acuerdo con investigaciones de la PGR, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el ex secretario de seguridad municipal, Felipe Flores Velázquez, están involucrados en la desaparición y asesinato de los normalistas.

Cuestionado sobre la conferencia de Murillo Karam, que explicó que la línea de investigación para resolver la desaparición apunta a que los jóvenes fueron calcinados, y donde dio a conocer testimonios de tres de los presuntos asesinos, con presuntas evidencias de los restos de los normalistas, Cortez consideró que a 40 días de la desaparición, los resultados demostraron la tardanza para reaccionar de parte de las autoridades.

“Hasta el décimo día el procurador dio una respuesta formal, correcta a un asunto de competencia local y se determinó que ellos entraran, eso habla de criterios de competencia en delitos locales y federales y que la Federación jala algunos asuntos. Pero en algunos entra de inmediato y aquí por qué tardó 10 días”, cuestionó.

El investigador en seguridad del IMDHD también criticó los trabajos de inteligencia del gobierno federal.

“Dicen que hay un mayor trabajo de inteligencia, si así fuera hubieran tenido la evaluación de la trascendencia del caso e intervenido antes [del 26 de septiembre], de hipotéticamente impedirlo o de saber qué pasó y tener resultados más rápido y evitar el largo sufrimiento a las familias”.

Respecto a la declaración del Procurador Murillo Karam de que el Ejército no intervino el 26 de septiembre porque sólo lo hace a petición de instancias institucionales, Cortez consideró que eso muestra descoordinación.

“Muestra también que las instancias federales que en teoría debían haber intervenido de inmediato, decía que sólo si alguien se lo ordena, por qué no funcionan mecanismos, por qué otras instituciones no intervinieron, habla de niveles de descoordinación y responsabilidad en estas cosas y dejan que sucedan estos hechos graves”.

Lamentó que no se haya investigado desde las instancias federales a Abarca, y que el titular de la PGR dijera que porque en materia federal no había motivos para hacerlo.

“Exhibe la falta de coordinación entre instancias federales, estatales y locales para hacer investigaciones o actuar contra la delincuencia organizada, ya que antes del 26 de septiembre había indicios de que el alcalde de Iguala, acusado por la PGR de ser el responsable de ordenar el asesinato de los estudiantes, tenía vínculos criminales.

“Demuestra que las instancias ultimas responsables como la Federación no están teniendo capacidad para intervenir oportunamente, vemos intervención una vez ocurridos los hechos, pero se dieron testimonios previos de que Abarca pudiera estar involucrado”.

Dijo que con la línea de investigación presentada se deben descartar otras que surgieron en estos 40 días, y evitar dar falsas esperanzas a los familiares, como hizo el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, quien dijo que él había escuchado que podían estar vivos, pero sin dar pruebas.

“Sin fundamento genera más sufrimiento, genera expectativas sin sustento y resulta que probablemente están muertos. Deben decir cuáles líneas llevan y cuáles están descartadas para que los familiares puedan ir construyendo una mínima confianza”.

La desconfianza de los familiares en que la línea de investigación sea la correcta es justificada, porque la credibilidad de las investigaciones oficiales es “cero”.

A pesar de los avances mostrados por Murillo Karam, el caso no llega a su fin.

“Quedan preguntas y lo que no podemos es conformarnos con que solo funcionarios de bajo nivel sean sancionados, sino que el nivel de responsabilidad de la cadena de mando también lo sea”, concluyó.