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MÉXICO, DF, 10 de octubre de 2014.- La situación de los derechos humanos en México se ha deteriorado, aseguró Alejandra Ancheita, recientemente galardonada con el premio Martin Ennals, considerada el ‘Premio Nobel’ de los Derechos Humanos.
Los recientes casos de Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas fueron ejecutadas por fuerzas militares, y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, muestran que el tema del respeto a los derechos humanos aún es un pendiente en México, dijo Ancheita en entrevista con Quadratín.
“Los dos casos específicos muy representativos sobre la gravedad en la que se encuentra la situación de los derechos humanos es el caso de la masacre de Tlatlaya a manos de elementos del Ejército y la desaparición de los estudiantes de la normal en Ayotzinapa ocurridos en muy poco tiempo uno detrás del otro, y pasan los días y no se da una respuesta satisfactoria, ni a los padres de familia ni a la sociedad mexicana. Todo esto nos puede dar un análisis en general de cómo se ha ido deteriorando la situación de los derechos humanos en México y cómo es necesaria una respuesta mucho más definitiva”, expresó.
Afirmó que mientras persista la corrupción dentro del gobierno y la impunidad, la situación en derechos humanos en México seguirá siendo la misma.
“Al no haber investigaciones efectivas ni imputación y sanciones de los responsables, en la medida que se mantenga el círculo de impunidad la oportunidad de aminorar la violencia y la situación particular de los derechos humanos se ve muy lejana”, previó.
En su opinión, no existe diferencia en materia de respeto de derechos humanos entre el actual gobierno de Enrique Peña Nieto y el anterior de Felipe Calderón.
Con los recientes casos de Tlatlaya y Ayotzinapa la percepción sobre México como un país que era más seguro y que podía visitarse turísticamente ha cambiado, señaló.
“La percepción está empezando a revelarse como la realidad que la mayoría de los mexicanos ve: una realidad compleja que se tiene que atender urgentemente y de manera integral por el gobierno mexicano”.
Defensoras vulnerables
–¿Cómo recibió la noticia de su premio?
-Ha sido una agradable sorpresa, empezó desde la nominación que se dio públicamente en abril, fuimos tres nominados, y el proceso de la nominación nos puso en unos meses de mucho trabajo y colaboración cercana con organizadores y jurados. Fue un proceso de muchísima verificación para decidir quién sería la persona que lo obtendría, y esta semana lo definieron.
–¿Qué representa para usted este premio con la situación que atraviesa México por los temas de mineras, migrantes y lo que viene con la reforma energética?
-Representa la posibilidad de que se empiece a hablar de los riesgos en los cuales venimos desarrollando nuestros trabajos de defensores y defensoras de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal [CDHDF] tiene un registro de defensoras y defensores en general y el año pasado registró 609 ataques. Estas dos cifras de documentación nos ayudan a ubicar el ambiente en que desarrollamos nuestro trabajo y porqué es importante reconocer la labor de una defensora y sobre lo que se está viviendo en el país.
–¿Qué tan grave es la situación de derechos humanos?
-Los dos casos específicos muy representativos sobre la gravedad en la que se encuentra la situación de los derechos humanos es el caso de la masacre de Tlatlaya a manos de elementos del Ejército y la desaparición de los estudiantes de la normal en Ayotzinapa, ocurridos en muy poco tiempo uno detrás del otro y pasan los días y no se da una respuesta satisfactoria, ni a los padres de familia ni a la sociedad mexicana. Todo esto nos puede dar un análisis en general de cómo se ha ido deteriorando la situación de los derechos humanos en México y cómo es necesaria una respuesta mucho más definitiva.
–¿Ve cambios entre la anterior administración y el actual gobierno?
-No registro un cambio para mejoría entre el sexenio pasado y el actual sexenio de Enrique Peña Nieto. La propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho señalamientos claros de que ha habido un deterioro muy acelerado en la situación de violación de derechos humanos en México. Un ejemplo claro es que en el examen periódico universal el Estado mexicano recibió 24 recomendaciones respecto de la protección a periodistas y defensoras de derechos humanos, lo cual te habla de cómo las propias instancias nacionales e internacionales están señalando con datos concretos al gobierno mexicano que la situación no está mejorando y se percibe un retroceso rápido y muy grave.
Cambiar a la CNDH
–¿El papel de la CNDH está en tela de juicio luego de que el Ombudsman Raúl Plascencia se pronunció hasta que se documentó el caso Tlatlaya y el de Ayotzinapa?
-Prodesc como otras organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes de opinión pública en México han planteado públicamente su opinión sobre la CNDH. Es clara la necesidad de identificar mecanismos más estrictos sobre la definición del perfil que necesita la Comisión. Ya las deficiencias se han mostrado con estos casos que mencionabas, la necesidad de un cambio es evidente para mejorar y tener instituciones que funcionen. Con el posible relevo o ratificación del Ombudsman nos abre un espacio para hacer esta reflexión, críticas y hacer cuestionamientos válidos que tienen que ver con la necesidad que venimos planteando desde hace varios meses, que es de atención a la violencia y a los derechos humanos.
–¿Cuál es su opinión sobre que en Tlatlaya hay militares presos, pero como si hubieran actuado por su propia cuenta, y en Ayotzinapa el gobierno federal tomó la decisión de intervenir una semana después?
-La situación es tan grave y la violencia está siendo tan incontrolable que existe una necesidad de que el gobierno tenga acciones que muestre a la sociedad la efectividad e investigación en este tipo de casos apegadas a los más estrictos estándares en derechos humanos, que haya identificación clara de los responsables, que se sancione conforme a derecho y se den medidas de reparación y principalmente de no repetición. En ese sentido las reacciones del gobierno mexicanos no están apegados a estos estándares planteados por diferentes instancias en materia de derechos humanos como es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si se observa una lentitud.
La lucha de los Yaquis es pacífica
–¿Cuál es su punto de vista sobre la lucha de los yaquis para defender su agua?
-El caso de los yaquis es un ejemplo de cómo se hace una demanda legal y legítima de sus derechos. Respecto de los diferentes casos de contaminación ambiental se ha tenido que llegar a los excesos que se han dado en diferentes partes de la república, Sonora [con la contaminación del río Sonora, responsabilidad de Grupo México] es el más reciente, pero ha habido otros casos de contaminación.
–¿Como cuáles?
-Otros en Guerrero, la contaminación de la bahía de Zihuatanejo, y hace unas semanas en Jalisco con la muerte de los miles de peces [en la laguna de Cajititlán], se registró que no era una muerte natural sino provocada por procesos de contaminación. Lo que se evidencia es que otra vez hay una deficiencia en materia de monitoreo sobre las afectaciones al medio ambiente y lo que implicará para las comunidades que se ven afectadas.
–¿Cómo perciben los organismos internacionales de derechos humanos a México?
-Es una pregunta bien interesante. La percepción que se tenía hace bien poco era que México era un país en vías de desarrollo, con una democracia sólida y donde se podía pensar como un destino para visitar turísticamente. Sin embargo con los últimos acontecimientos y la visibilización en medios internacionales sobre la grave situación de violencia, la percepción está empezando a revelarse como la realidad que la mayoría de los mexicanos ve: una realidad compleja que se tiene que atender urgentemente y de manera integral por el gobierno mexicano.