Localizan cadáver en la Pátzcuaro-Cuitzeo
MÉXICO, DF, 24 de mayo de 2014.- Los tres trabajadores de la Secundaria Número 7 “Eleazar Gómez” de Ciudad Victoria, Tamaulipas detenidos este viernes por el caso del estudiante que perdió la vida a causa del bullying, quedaron en libertad tras pagar una fianza de 70 mil pesos cada uno.
Zulma Yaneth Marroquín Olvera, trabajadora social; Lizbeth Berenice Guerra Álvarez, prefecta, y el bibliotecario Arturo Galaviz Hernández fueron liberados ayer mismo, poco después de las 17:40 horas, según información publicada en la revista Proceso.
Los tres fueron acusados del presunto delito de homicidio preintencional y abandono en agravio de Héctor Alejandro Méndez, estudiante de primer grado de secundaria.
El jefe de Grupo de Aprehensiones, Mario Rocha, explicó que las detenciones de los tres trabajadores de la secundaria se realizaron con base en una orden de aprehensión girada por el Juzgado Primero Penal. De acuerdo con dicha orden, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas busca a la maestra Denisse Cerna Muñiz y a la subdirectora del colegio, Sandra Luz García Garza.
Las profesoras son acusadas por los delitos de homicidio preintencional y abandono de persona.
Ismael Quintanilla Acosta, procurador general de Justicia de la entidad afirmó que se trató de un homicidio cometido “de manera directa” cuando cuatro compañeros de la víctima lo cargaron de pies y manos y lo azotaron contra la pared en presencia de su maestra de español, el pasado miércoles 14.
“Aquí lamentablemente el niño perdió la vida, se cometió un homicidio, lo cometieron de manera directa los menores de edad (…) pero la obligación de la maestra, al estar en ese lugar, pues era haber intervenido”, puntualizó Quintanilla en una entrevista televisiva.
El juez impuso a los tres detenidos el pago de una fianza de 70 mil pesos a cada uno, tras lo cual abandonaron el Centro de ejecución y Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, ayer por la tarde.
La defensa de los acusados pidió la ampliación del término constitucional para ofrecer pruebas a su favor. La situación jurídica de los empleados de la secundaria se resolverá en un lapso de 144 horas.