Busca MC elevar a rango constitucional movilidad de personas

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2016.- Desde la perspectiva que el Estado debe garantizar la movilidad, diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) y organizaciones de la sociedad civil buscan elevar este derecho a rango constitucional para acceder al resto de las garantías individuales.

El derecho a la educación, a la salud y al trabajo es visto por los legisladores ciudadanos y sociedad civil como algo fundamental íntimamente relacionados con la movilidad sustentable, accesible y digna.

A través de la iniciativa para reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política, se plantea reconocer la movilidad como un derecho humano.

La propuesta impulsada por Agustín Martínez, de los colectivos Biciteka y Bicired; y José Arévalo, del ITDP, fue respaldada en causa común por la diputada de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, a la que se sumaron más de la bancada y el diputado de Morena, Vidal Llerenas Morales.

La iniciativa turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales establece facultar al Congreso a legislar en torno a una movilidad sustentable bajo el principio de respeto a los derechos de los ciudadanos.

Delgadillo García explicó que la propuesta nació de la lucha de organizaciones de la sociedad civil y activistas, y fue construida en conjunto, en un ejercicio de enriquecimiento mutuo.

En México, expuso que la movilidad integral no se encuentra garantizada como un derecho humano, lo que provoca que se acentúen aún más las desigualdades; “muy pocos son conscientes del impacto que tiene en la calidad de vida, en el ejercicio de los derechos y en la construcción de ciudadanía”, comentó.

Señaló en conferencia de prensa que derivado de políticas, la movilidad ha sido desvinculada del ciudadano y sus derechos.

“Reconocer a la movilidad como un derecho humano de todos y todas las mexicanas, es el primer paso para transitar a un modelo sustentable e incluyente que nos permita construir y vivir de una manera distinta”, apuntó la legisladora del estado de Jalisco.

“Buscamos que el Estado se comprometa a garantizar este derecho desarrollando un sistema de calidad, aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sustentabilidad, permita un efectivo desplazamiento para la satisfacción de las necesidades y pleno desarrollo de las personas”, justificó.