Busca Senado que PGR desarticule red de venta de infantes en Sonora

MÉXICO, DF, 3 de septiembre de 2015.- A través de un Punto de Acuerdo el Senado de la República busca solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para que atraiga la investigación relativa a la venta de bebés para adopciones ilegales en el estado de Sonora, y desarticular la red dedicada al delito de trata de personas y explotación.

Esto luego que se diera a conocer en días pasados una investigación a servidores públicos del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Sonora, que utilizaban la información y posición de su cargo para fungir como intermediarios en la venta de bebés a cambio de una retribución económica.

De acuerdo con la proposición presentada por la presidenta de la Comisión de Trata de Personas del Senado, Adriana Dávila, este hecho encierra la venta de recién nacidos, en el cual los servidores públicos fungían como intermediarios y recibían cuantiosas remuneraciones a cambio de “agilizar” los trámites necesarios para la adopción, y en algunos casos, presionaban a las personas que se encontraban en situación vulnerables con el objeto de convencerlas de que accedieran dar a su bebé a cambio de una suma de dinero.

Estos hechos se suman a una comunicación enviada del Departamento de Seguridad de Estados Unidos al procurador de justicia del estado de Sonora,  donde advertía de una red dedicada a la venta de recién nacidos (trata de personas) a parejas mexicanas y estadounidenses.

Hasta el momento se han logrado rescatar nueve bebés y se han consignado a 16 personas presuntamente involucradas en los delitos de sustracción y tráfico de menores, dos de ellos servidores públicos, el subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor, a cargo de la “Línea Protege” y el asesor jurídico del Sistema DIF estatal e integrante de la Unión Ganadera Regional de Sonora y 14 padres de los menores que se presume recibieron fuertes sumas de dinero de entre 80 y hasta 150 mil pesos, por la obtención ilegal de un infante.

El dictamen fue turnado a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos para su dictaminación, pese a que se solicitó su urgente y obvia resolución.