Avala Senado acceso a viviendas en arrendamiento por unanimidad
MÉXICO, DF., 28 de septiembre de 2015.- Al reconocer que la corrupción es la mayor causa de desigualdad y de exclusión en México, los senadores de las comisiones unidas de Gobernación y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, adelantaron que perfilaran las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para impulsar las reformas estructurales aprobadas por el Congreso.
«El reto para el Senado es generar la legislación secundaria que haga operativa la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y de la cual dependerá el éxito de las reformas estructurales», apuntó la presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar.
Ante representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el senador del PRD por Guerrero, Armando Ríos Píter, apuntó que en estos últimos 12 meses, México se vio plagado de malas noticias que tienen un eje común, la corrupción y la impunidad, entre los que destacó el caso Ayotzinapa, la Casa Blanca y la fuga de Joaquín Guzmán Loera.
«Queremos un Sistema Nacional Anticorrupción que evite que vuelva a haber un Ayotzinapa; queremos un Sistema Nacional Anticorrupción que evite que se pueda fugar el criminal más perseguido del mundo o que ya no haya un tema de conflicto de interés en el que esté involucrada la máxima figura política, que es la del Presidente de la República», recalcó el legislador perredista.
Durante la inauguración del Seminario para Promover la Integridad y Evadir la Corrupción: Perspectivas Comparadas desde los Países de la OCDE, celebrado en el Senado de la República, el senador Alejandro Encinas, mencionó que uno de los puntos nodales en el nuevo SNA, será la fase preventiva para combate a la corrupción.
«Ya ternemos detectados cuáles son los problemas que existen en los órganos de gobierno y también cuáles serían las sanciones que se podrían dar en este tipo de casos».
El seminario de planteó para generar puntos y recomendaciones para la legislación secundaria en materia de anticorrupción, que el Congreso deberá expedir y será la base de siete leyes nuevas y de reformas a otros 25 ordenamientos más para hacer operativo el Sistema Nacional Anticorrupción.