CNDH incorporará a su expediente la investigación del GIEI

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de abril de 2016.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) incorporó a su expediente de investigación el Informe del 6 de septiembre de 2015 y también agregará a sus investigaciones este Informe Final rendido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al término de su mandato, para valorar este conjunto de elementos documentales en correspondencia con sus propias indagaciones, informó la Comisión a través de un comunicado.

La CNDH enfatizó la coincidencia en un número importante de las sugerencias planteadas por el GIEI en sus Informes –más de 20– con las Observaciones y Propuestas que la CNDH previamente dirigió a diversas autoridades federales, tanto en el documento Estado de la Investigación del Caso Iguala del 23 de julio de 2015, como en el Reporte presentado el pasado jueves 14 de abril.

“Este Organismo Nacional estima que la presencia en México de grupos y organizaciones de diversas latitudes suma a la defensa de los Derechos Humanos, pero no sustituye la alta encomienda constitucional que corresponde cumplir a la CNDH”.

Con base en la relación de colaboración que la CNDH ha mantenido con el GIEI, el 15 de marzo del presente año la primera solicitó al segundo formalmente “que esta Comisión Nacional pueda contar con todo el soporte documental recabado en el desarrollo de sus investigaciones y que sustentan sus conclusiones, incluido el que encuentra vinculación con los casos de tortura” a los que “este Organismo Nacional espera una respuesta favorable a  esta petición de apoyo”.

“Con base en entrevistas que realizó y en los análisis de documentos médicos agregados al expediente de la PGR, el GIEI en su Informe Final hace referencia a casos de presunta tortura en perjuicio de inculpados del Caso Iguala, al respecto la CNDH estima conveniente informar y precisar lo siguiente:

“En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se lleva a cabo el proceso de integración de los expedientes de quejas por presuntos hechos violatorios a Derechos Humanos, relativos a detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante en la detención y tortura, presentadas por algunos de los inculpados en el Caso Iguala. Se radicaron  cuatro expedientes de queja por posible maltrato en la detención, 11 por posible detención arbitraria y 47 por la posible comisión de actos de tortura”, puntualiza la CNDH.

La Comisión practicó diligencias, formuló requerimientos de información a la Procuraduría General de la República, a distintos Centros Federales de Readaptación Social y a Juzgados Federales, autoridades a las que solicitó actuaciones relacionadas con las puestas a disposición y declaraciones de los detenidos, certificaciones médicas, opiniones de mecánica de lesiones, valoraciones psicológicas, material videográfico y expedientes penitenciarios.

“Es pertinente mencionar que, en algunos casos, ha existido dilación para cumplir con lo solicitado”.

Peritos médicos y peritos psicólogos de la CNDH efectuaron en los centros de detención y reclusión la valoración clínica, entrevista y evaluación psicométrica de todos los quejosos con la asistencia del Visitador responsable de la integración del caso. En el desahogo de estas diligencias, los peritos de la Comisión Nacional cumplieron con los estándares de oficiosidad, minuciosidad, competencia, prontitud, especialidad, imparcialidad, protección e información del caso (Protocolo de Estambul).

“Para el análisis de estos expedientes, la CNDH diseñó una estrategia de trabajo específica, basada en la participación e intercambio de opiniones de un equipo pericial colegiado, que a la luz del conocimiento científico interdisciplinario busca el consenso en el estudio de las Opiniones Médicas y Psicológicas Especializadas, que posibilitará al Visitador Adjunto responsable del caso la integración jurídica de estos elementos para, una vez valorados con todos los demás que se encuentran agregados a cada expediente, resolver lo que en derecho proceda. Concluida esta última etapa de valoración, la CNDH emitirá los pronunciamientos correspondientes”.

La CNDH estableció con el GIEI una amplia relación de colaboración y de intercambio de información que se concretó en aportaciones útiles para las investigaciones del Caso Iguala y para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las víctimas de tan lamentables acontecimientos.

“El GIEI ha reconocido la atingente y oportuna propuesta de la CNDH a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (visible en el documento Estado de la Investigación del Caso Iguala del 23 de julio de 2015) para la realización de un Estudio de Impacto Psicosocial que pondere la magnitud del evento y sus consecuencias en las esferas colectiva, familiar e individual de las víctimas de los hechos.

“La CNDH recuerda que en relación con el caso de Julio César Mondragón Fontes referido por el GIEI en su segundo Informe, desde el 23 de julio de 2015, este Organismo Nacional dirigió dos Observaciones y Propuestas a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que determinara en definitiva el origen de las lesiones que presentó en el rostro Julio César Mondragón y reforzara los medios de convicción que sustentan los procesos penales de los probables responsables en estos hechos. Independiente a ello, con posterioridad, la CNDH participó de manera activa en las diligencias de exhumación, segunda necropsia e inhumación del cadáver de Julio César Mondragón Fontes. Durante todo este proceso, la CNDH ha brindado acompañamiento cercano a los familiares.

“Desde el mes de febrero pasado, la CNDH dictaminó sobre las circunstancias en las que fue privado de la vida Julio Cesár Mondragón Fontes. De conformidad con el compromiso asumido con los familiares de la víctima, en su oportunidad se informará sobre las conclusiones alcanzadas en este caso, una vez que los diversos equipos periciales intervinientes concluyan en definitiva sus respectivos estudios.

La CNDH se comprometió a estar al tanto de la observancia que las instituciones brinden a los planteamientos formulados por el GIEI, persuadidos de que el conjunto de propuestas planteadas a las autoridades por las instancias defensoras de los Derechos Humanos, encuentran su identificación en el fin superior de hacer efectivos los derechos que tienen las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido, a que se haga justicia, a la reparación integral del daño y a que se cumpla la garantía de no repetición de lo acontecido.