Café para Todos/Alberto Carbot

El nombramiento de Francisco Gurguha Domínguez como nuevo Procurador Ambiental en Chiapas -entidad que gobierna Manuel Velasco Coello-, representa un acierto poco común en un estado donde desafortunadamente no todos los que están a cargo de los asuntos públicos, poseen las credenciales suficientes para desempeñar sus funciones.

En la actualidad nuestro país enfrenta un panorama crítico en aspectos fundamentales como la seguridad, desigualdad social y educación. Sin embargo, hay un tema que no sólo nos afecta a los mexicanos, sino a todos los habitantes del planeta, y que desafortunadamente, no ha sido tomado con la urgencia que requiere y que se refiere al cambio climático y sus consecuencias para la humanidad.

De acuerdo con la organización internacional Greenpeace, México se encuentra entre los 20 países que más contribuyen al cambio climático y uno de los motivos es la pérdida de los ecosistemas forestales o deforestación, que implica pérdida de riqueza biológica, desabasto de agua y acelera el cambio climático, ya que al remover la cobertura vegetal, se libera el bióxido de carbono almacenado.

La pérdida de bosques y selvas en México es una de las fuentes más importantes de emisiones de bióxido de carbono, principal componente de los gases de efecto invernadero (GEI). Es decir, deforestación es igual a cambio climático.

Se estima que el 20 por ciento de las emisiones de GEI a nivel mundial, provienen de la pérdida de los ecosistemas forestales, los cuales desaparecen a un ritmo de 13 millones de hectáreas cada año, y de esas, por lo menos 500 mil corresponden a México.

De allí la importancia que se tomen medidas para enfrentar este reto, por lo que la suma de personas comprometidas con este propósito, es una decisión no sólo acertada, sino fundamental, como es el caso de Francisco Gurguha Domínguez, quien desde hace varios años ha nutrido con sus acertadas crónicas y reportajes las páginas de la revista Gentesur, que me honro en dirigir.

Sin embargo, más allá de sus fraternos vínculos con nuestra publicación, en la entidad se le reconoce como un abogado talentoso y dentro de la administración pública, como un funcionario eficaz, serio y responsable. Puede ser una pieza clave que represente el inicio de la renovación del equipo del gobernador Velasco Coello, justo en momentos en que Chiapas requiere de funcionarios realmente comprometidos para resolver los asuntos más urgentes de un estado tan problemático y falto de desarrollo.

De acuerdo a sus atribuciones, la Procuraduría Ambiental, es un órgano autónomo desconcentrado cuya finalidad es realizar acciones relacionadas con la materia de actos de inspección y vigilancia, imposición y ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones, imposición de sanciones, atención y seguimiento de las denuncias que pudieran constituir delitos contra los recursos naturales, forestales y el medio ambiente en el estado, según el decreto gubernamental que dispuso su creación.

Entre muchas de sus tareas deberá vigilar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones y disposiciones previstas en la Ley Ambiental, la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de protección de los recursos naturales, forestales y el medioambiente en Chiapas

La idea que animó a Velasco Coello a la creación de la Procuraduría, es preservar e impulsar el desarrollo de medidas que contribuyan al mejoramiento del entorno ecológico y sancionar a quienes incurren en ilícitos en detrimento de este.

Aunque se sabe que hay numerosas procuradurías ambientales -no sólo a nivel federal, sino también local-, la importancia de la Procuraduría Ambiental chiapaneca radica en que la entidad posee amplios recursos naturales, pero también registra un gran problema de degradación ambiental, por lo que es prácticamente una dependencia única que constituye un avance para la defensa de quienes resultan perjudicados por las acciones contra el ambiente.

Gurguha Domínguez, encargado de estas tareas, es -además de abogado y periodista con 30 años de carrera profesional-, un ciudadano ligado a temas ambientales desde hace mucho tiempo. Pertenece a la primera Red Mexicana de Periodistas Ambientales (REMPA) y forma parte de la Society of Environmental Journalists (SEJ). Ha sido becario de las universidades Estatal de Michigan, de Texas en Austin y de la Habana, Cuba. Ha participado en diversos foros sobre cambio climático y ha sido servidor público en diversas instituciones de Chiapas.

Chiapas es un estado con grandes desafíos ambientales. Un solo ejemplo basta para ilustrar la envergadura del reto que enfrentará en su nueva encomienda: la Selva Lacandona, que alberga ecosistemas tan ricos como la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

Considerada la usina de agua dulce más grande de México, este refugio biológico produce 30 por ciento de ese líquido para el país, y es hábitat de 800 especies de mariposas diurnas, 114 especies de mamíferos, 54 especies de reptiles, 23 de anfibios y 341 de aves.

A LA LACANDONA LE QUEDAN POCO MENOS DE 500 MIL HAS

La Selva Lacandona enfrenta retos que la encaminan a su desaparición  pues ha sido deforestada en 70 por ciento de su superficie original en tres décadas y de 1.8 millones de hectáreas actualmente cuenta con poco menos de 500 mil.

Lamentablemente, se están dando fenómenos en el corazón de la Lacandona como la sustitución de plantíos de maíz o de frijol por palma de aceite traída de África en los años 90, en un proyecto de reconversión productiva que pretende revitalizar como áreas de cultivo terrenos que son utilizados por los ejidatarios como potreros.

De funcionarios como Gurguha Domínguez y otros relacionados con las políticas públicas vinculadas al medio ambiente, depende sin embargo evitar una catástrofe de esta naturaleza.

La siembra de esta palma ha sido impulsada por el gobierno del estado a través de la Secretaría del Campo, pero también por instituciones federales como la Secretaría de Agricultura.

Chiapas ocupa el primer lugar en el cultivo de palma de aceite en México, con 38 mil 525 hectáreas establecidas, 70 por ciento de la superficie total en el país.

El rendimiento por hectárea de fruta de la palma es de 7 mil pesos por hectárea, que es más de lo que recibiría un agricultor dedicado a la agricultura tradicional.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues para lograr este rendimiento se tiene que pagar una factura ambiental muy alta, por cuanto se han tenido que deforestar áreas de selva para los nuevos cultivos además de que los ganaderos persisten en la tala o la práctica de la roza, tumba y quema para establecer pastizales.

Se suele decir popularmente que entre más palma y más potrero, menos selva. El tema principal es que la palma requiere de un alto consumo de agua y provoca la degradación de la tierra, que luego ya no sirve para usarla en cultivos tradicionales como maíz o frijol.

Paralelamente hay problemas a veces las políticas agrícolas se contraponen a las políticas ambientales.

Por ejemplo, mientras la Sagarpa apoya la cría de ganado con apoyos anuales de mil 300 pesos por cabeza -lo que consume un promedio de una hectárea de terreno-, sólo se otorgan mil pesos por año por cuidar una hectárea por parte de la Semarnat mediante el Programa por Servicio Ambiental de la Comisión Nacional Forestal.

Si a ello se añade la tala ilegal de maderas preciosas, sobre todo las llamadas “corazón azul” -que es más dura y de mayor calidad, y se exportan o contrabandean a China-, estamos ante un problema grave.

Conflictos agrarios abundan en la Selva Lacandona, sobre todo entre comunidades indígenas lacandones, tzeltales y choles. Hay que recordar que en 1972, el gobierno federal entregó 614 mil hectáreas de la zona a 66 familias lacandonas, en una región habitada también por etnias tzeltales y choles, a quienes se les reconoció como parte de la comunidad lacandona, pero se les restringió el derecho de presidir la Asamblea de Bienes Comunales.

Pero resulta que el 70 por ciento de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules está dentro de esos bienes comunales. Todo esto ha generado tensiones y conflictos que sin duda parecen estar dentro de las funciones del nuevo procurador ambiental.

Este sólo es un ejemplo de los muchos conflictos que le aguardan al nuevo funcionario, quien tendrá que hacer acopio de los instrumentos legales y toda su capacidad, para afrontarlos y para hallar soluciones satisfactorias y benéficas para Chiapas y el país en su conjunto, por cuanto a lo que representan los recursos naturales chiapanecos para todos los mexicanos.

Claro, procurar y administrar la justicia en los temas ambientales no son tareas sencillas, ya que muchas veces resulta complicado entender lo que realmente subsiste detrás de las invasiones de tierras protegidas, aunque generalmente éstas obedecen pura y llanamente a la necesidad de sobrevivencia, que sin embargo luego es explotada por algunos vivales con fines políticos o estrictamente económicos.

El compromiso que por instrucción directa del gobernador Manuel Velasco ha asumido el periodista y abogado Francisco Gurguha Domínguez, no es una tarea menor. Y él, como se espera, deberá estar a la altura de su nueva responsabilidad.