Caso Tlatlaya, una bola de humo

MÉXICO, DF, 16 de abril de 2015.- Vacíos, contradicciones en la versión de los hechos, materia para legislar y serias dificultades para la entrega de información que aseguran la impunidad en el país, concluye el informe final del Grupo de Trabajo Plural que coadyuva en las investigaciones del caso Tlatlaya.

En 39 puntos el grupo de diputados coordinados por la perredista, Elena Tapia Fonllem, asentó seis meses de trabajos legislativos de información recabada en los medios a su alcance, donde consideró que el esclarecimiento de los hechos debe derivar en acciones y proyectos por parte del Estado para la prevención, investigación, sanción y no repetición de conductas violatorias de los derechos humanos.

La legisladora del PRD Tapia Fonllem dijo en entrevista para Quadratín México que hay una situación endeble por parte del Gobierno del Estado de México, puesto que ahí ocurrieron los hechos.

En el marco de la comparecencia del secretario General de Gobierno del Estado de México, José Sergio Manzur Quiroga, contradijo que sólo presentó justificaciones.

“Las autoridades se pasan la responsabilidad”, rebatió la coordinadora del Grupo de Trabajo por el caso Tlatlaya.

El documento final declara que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos, se encuentran en la alteración de vestigios y de la escena del crimen, presuntamente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Así como la tortura e intimidación en agravios a las víctimas sobrevivientes por parte de autoridades del Estado de México, las deficiencias en la recolección de las pruebas, la preservación de la escena, la cadena de custodia, el análisis pericial y otras actuaciones incurridas por servidores públicos de la entidad donde ocurrieron los hechos.

Registra la insuficiente información por la Sedena, la PGR y el gobierno de la entidad mexiquense, por el que hace un llamado a estas instituciones para facilitar la rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Considera que la falta de la entrega de documentación de las citadas instituciones impidió ponderar plenamente las versiones de los hechos y los argumentos que las mismas dependencias han expresado y difundido en los medios de comunicación.

Celebra la decisión de la CNDH de reclasificar la recomendación 51/2014 como un caso de violación grave a los derechos humanos.

“En el caso Tlatlaya, se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Sedena, el cual tuvo como consecuencia que al menos 12 personas fueron privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales.

Reconoce que con la recomendación de la CNDH 51/2014, todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que los 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento.

La diputada de la Agrupación Morena, Loretta Ortiz Ahlf, vislumbró que será en la esfera internacional donde se dictará la sentencia en contra del Estado mexicano, como lo advirtió a la entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, pues de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el caso Tlatlaya pasará a la Corte; “no existe la menor duda que fue una ejecución extrajudicial” de 22 personas, remató.