Ayudará ONU a diputados para prevenir casos como Tlatlaya

MÉXICO, DF, 5 de noviembre de 2014.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguirá trabajando en colaboración con los diputados que coadyuvan en las investigaciones del caso Tlatlaya con el propósito de construir una agenda legislativa en materias pendientes que contribuyan a prevenir casos similares en el futuro.

La coordinadora del grupo de trabajo que da seguimiento a las averiguaciones sobre la ejecución extrajudicial de 22 personas vinculadas al crimen organizado por parte del Ejército, Elena Tapia Fonllem detalló que tras la reunión productiva que sostuvieron el representante del Alto Comisionado de la ONU, Javier Hernández, existe disposición de seguir trabajando en conjunto “en un caso paradigmático que amerita de toda la atención de la Cámara de Diputados”.

La diputada del PRD adelantó que este jueves estarán concretando las fechas en las que se reunirán con la Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente con algún representante que designe la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Señaló que como cualquier caso donde el Ejército ha tenido acciones que han significado violaciones de los derechos humanos de civiles, se deben tener mecanismos para una rendición de cuentas de parte de las Fuerzas Armadas a fin de prevenir futuras violaciones a las garantías.

A pregunta expresa de Quadratín México, el comisionado de la ONU, Hernández Valencia, se limitó a calificar el caso Tlatlaya como un crimen de lesa humanidad, contrario a lo señalado por el grupo de trabajo coordinado por la diputada perredista Tapia Fonllem.

A lo anterior, la diputada Loretta Ortiz Ahlf explicó que Javier Hernández evitó calificar el delito porque primero se tiene que probar ciertas condiciones que están reguladas en el Estatuto de Roma y en la Corte Penal Internacional.

“Son cuatro crímenes: el genocidio, la agresión, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Y son las desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias o violaciones masivas a derechos humanos realizados de manera sistemática”, precisó.

Por tanto, para calificar estos hechos de crimen de lesa humanidad tendría que ser un tribunal internacional que precisamente juzgue al Estado Mexicano, es decir, la responsabilidad internacional, añadió.

Entonces, “en aras a respeto a esa presunción de inocencia el comisionado de la ONU no puede prejuzgar que se ha cometido por los implicados un crimen de lesa humanidad”, aseveró.

La también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos aseguró que un caso como el ocurrido el pasado 30 de junio en el municipio mexiquense de Tlatlaya, se hubiera podido prevenir al existir informes de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias y de desapariciones forzadas, a los que ha hecho caso omiso el Estado mexicano.