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MÉXICO, DF., 5 de septiembre de 2015.- Para revertir los efectos económicos y sociales negativos propiciados por el aumento al 16 por ciento del IVA en las zonas fronterizas norte y sur, la bancada del PAN y Movimiento Ciudadano impulsan, cada uno por su lado, una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y regresar a la tasa original de 11 por ciento, debido a los graves daños que se ha ocasionado a las familias y empresas de la región.
Legisladores del PAN encabezados por el diputado Jorge Ramos Hernández, ex alcalde del municipio de Tijuana, Baja California, argumentaron que mientras se siga escuchando el reclamo mayoritario por el severo impacto a la economía local a causa del aumento del IVA al 16 %, no pararán de exigir que se rectifique.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Cynthia Gissel García Soberanes, propone la adición del artículo 1º D, para que el impuesto se calcule aplicando la tasa de 11 por ciento cuando los actos o actividades por los que se deba pagar se realicen por residentes en la región limítrofe y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la zona citada.
Desde la entrada en vigor el primero de enero de 2013, un año después se registró un decrecimiento promedio de la actividad económica de menos 1.4 %, siendo Baja California el estado más afectado.
El panista Jorge Ramos señaló que a partir de entonces han sido cinco los impactos negativos principales que han golpeado nuestra región: el incremento de la inflación, la disminución de la competitividad de las empresas, fuga de consumidores hacia los Estados Unidos, menor poder adquisitivo de los ciudadanos y el aumento del contrabando de la Unión Americana hacia territorio nacional.
García Soberanes también refirió que la homologación del IVA fronterizo con el resto del país provocó el incremento de la inflación general y la disminución de la competitividad de empresas, de acuerdo al Colegio de la Frontera Norte.
El documento de Movimiento Ciudadana indica que los comerciantes y prestadores de servicios localizados en la frontera norte del país compiten con un impuesto de 8.25 por ciento que se cobra en Texas y de 7.75 tanto en Nuevo México como en California, tasas que son flexibles en determinadas épocas del año.
“La homologación del IVA fronterizo no cumple en términos de justicia social, pues las regiones fronterizas tienen condiciones de mercado diferentes, aunado a que por el aumento en precios y menor capacidad adquisitiva generará menos actividad económica, por lo que resulta contraria al ideal de justicia tributaria, que en una primera instancia pretendió cumplir”, expone García Soberanes.
El PAN sostiene que el aumento del IVA en la frontera viola el principio constitucional de la competitividad, aprobado por el Constituyente Permanente en 2013, seguido por otros también importantes, como el de la equidad, el de la proporcionalidad y el de la integridad, consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos, del que México es signatario.
Se considera región fronteriza en los 20 kilómetros paralelos a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora.
También la zona parcial de Sonora comprendida en los límites, al norte, de la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.
De aprobarse esta reforma a la ley del IVA de la propuesta de Movimiento Ciudadano entraría en vigor a partir del primero de enero de 2016.