Combate a corrupción y la opacidad, ejes de ley aprobada por diputados

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de abril de 2016.- El diputado federal Omar Ortega Álvarez afirmó que con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se  logra un avance significativo en materia de transparencia y rendición de cuentas, lo cual vendrá a complementarse una vez que se apruebe la legislación necesaria para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, informa el Grupo Parlamentario del PRD.

Con lo anterior, el partido del sol azteca refrenda su compromiso con la sociedad, atendiendo una de sus más sentidas preocupaciones, que es el combate a la corrupción y la opacidad, sentado así las bases jurídicas que nos den las herramientas para erradicar estos vicios de la entraña del Estado mexicano.

El también dirigente del PRD en el estado de México, explicó que la corrupción y la opacidad, la desigualdad y la pobreza, así como la inseguridad, son los temas que más aquejan y la población, sin embargo, ya se trabaja en ello y la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es un paso significativo.

Algunos de estos logros, son el que se amplía el número de obligaciones específicas que los sujetos obligados deben publicar en sus portales de Internet.

Ortega Álvarez precisó que a propuesta del PRD, se garantiza que el público pueda conocer la información que genere la apertura del sector energético, así como las características y alcances de los contratos, con la  finalidad de inhibir potenciales actos de corrupción, además de transparentando todo este proceso.

Se establece la preeminencia del principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los Tratados Internacionales para evitar que se clasifique información antes de que ésta se solicite o sea generada.

Además, se logra establecer que ninguna autoridad como sujeto obligado, pueda reservar información tratándose de violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción.

“Con esta Ley, instituciones como la PGR o la Secretaría de Gobernación, o gobiernos estatales, no podrán justificar actos de corrupción, escudándose en la omisión de la Ley o la opacidad de la misma”, añadió.

Se incorpora la noción de gobierno abierto como prioridad, que implica el establecimiento de obligaciones para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que deberán instrumentar políticas y promover prácticas que permitan la participación ciudadana y el adecuado desarrollo del ciclo de información pública para la rendición de cuentas.

Se establecen  obligaciones específicas de transparencia para todos los sujetos federales y órganos autónomos, a efecto de que pongan a disposición del público la información y la mantengan actualizada en los respectivos medios electrónicos.

Además se establece la obligación de adoptar criterios de interpretación pro persona en su protección más amplia en situaciones de vulneración de derechos a efecto de que se garantice la mayor efectividad del derecho de acceso a la información.

Lo anterior permitirá que el INAI, acote aquellas resoluciones que avalen los órganos garantes de carácter local cuando los sujetos obligados pretexten por ejemplo la inexistencia de información.

“Puntualizamos que para que un sujeto obligado clasifique como reservada la información, tendrá que mostrar una prueba de daño que justifique que divulgar tal información, representa un riesgo real demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”.

Este  ordenamiento define la estructura orgánica, las facultades y atribuciones del INAI, evitando con ello espacios de discrecionalidad, que podrían afectar la toma de decisiones de este organismo”, concluyó el diputado federal Omar Ortega Álvarez.