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SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- A finales del primer trimestre de 2016 «terminaremos con el rezago que existe en el otorgamiento de certificados y escrituras», señaló la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, al entregar 140 mil títulos de propiedad en todo el país, y afirmó que por instrucción presidencial, en marzo entrante se acabará con la incertidumbre jurídica.
La secretaria Robles aseguró que al llegar a la Sedatu se percató de este enorme rezago en la entrega de documentos de propiedad, «por eso se trabaja en coordinación con los gobiernos estatales y municipales para que la gente tenga lo antes posible sus papeles».
Rosario Robles presidió la entrega de dos mil 840 documentos de derechos agrarios y certificados parcelarios, en coordinación con el Registro Agrario Nacional, (RAN), de los ejidos Progreso y Salitrillos, de los municipios de Río Verde y Villa de Arista, en esta entidad, donde, acompañada del gobernador Juan Manuel Carreras López y del presidente municipal de Río Verde, José Ramón Torres García.
«Trabajamos para brindarles certeza jurídica y justicia cotidiana, para que todos los que aún no tienen sus documentos tengan el año que entra sus títulos en la mano, ese pedazo de tierra, esa parcela, esa vivienda representa la tranquilidad para sus familias», les dijo a los más de mil beneficiarios potosinos presentes.
Asistieron diputadas y diputados federales y locales: Fabiola Guerrero Aguilar, Óscar Bautista Villegas, Gerardo Limón Montelongo, y José Luis Díaz Salinas, la Secretaria Rosario Robles.
En su oportunidad el gobernador Juan Manuel Carreras López subrayó que la certeza jurídica es primordial ya que genera tranquilidad, al tener los papeles que acrediten que ya son los titulares de sus parcelas, de sus casas, y eso beneficia directamente el patrimonio de las familias.
Estamos entregando, dijo, en coordinación con la Sedatu, 23 Certificados de subsidio federal de vivienda, en beneficio de 200 familias, para que puedan construir en coordinación con la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y que contó con una inversión de más de 28 millones de pesos.