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MÉXICO, DF, 28 de septiembre de 2015.- Con el fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho humano al agua, se debe fomentar la corresponsabilidad de ciudadanos y gobiernos; unos, al utilizar este líquido de manera racional, sin dispendios ni desperdicios, y otros, comprometidos en la prestación eficiente del servicio, concluyeron los expertos que participaron en el Foro sobre el Derecho Humano al Agua en México y el Mundo, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó la propia comisión a través de un comunicado.
El Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, Joaquin Narro Lobo, señaló que sobre esta base de corresponsabilidad se deben crear sinergias, para que las sugerencias que tenga la sociedad civil para el manejo adecuado del agua incidan en las políticas públicas que el gobierno aplica, buscando facilitar los procesos que redunden en propuestas viables y convenientes para la sociedad entera.
Los expertos coincidieron en que se debe implementar una política transexenal en el manejo del agua en beneficio de todos, y más allá de los programas oficiales, impulsar acciones concretas de la ciudadanía y de los gobiernos que ayuden a traspasar los temas políticos del manejo del agua y generar planes de beneficio social de gran amplitud.
Al participar en el Panel Análisis de la disponibilidad de agua a partir de estándares internacionales, el Director General de la Sexta Visitaduría General de la CNDH, Rodolfo Godínez Rosales, señaló que para el pleno ejercicio de este derecho básico deben salvarse varios retos, toda vez que existen marcos institucionales legales, nacionales e internacionales, que no se han implementado en toda su extensión.
Al respecto, indicó que, desde distintos espacios gubernamentales y de la sociedad civil, se trabaja en una nueva ley de aguas y para incorporar criterios internacionales a esa legislación interna, situación en la que la Comisión Nacional estará atenta. Lo anterior permitiría garantizar el acceso al agua y al saneamiento, que son derechos humanos básicos, por su interrelación, interdependencia, progresividad y universalidad, conforme lo ordena el artículo 4 constitucional.
Además de las leyes, dijo, este derecho debe ser respaldado por políticas públicas y compromisos presupuestales, porque del derecho al agua depende el desarrollo de la vida de los actuales mexicanos y de futuras generaciones, así como también coadyuvará a consolidar un Estado democrático de derecho.
Al garantizar el derecho básico al agua, se garantizan otros derechos, como se reconoce en la Constitución mexicana, como los relativos a la vida y a la salud. Al respecto, Anaid Velasco recalcó la importancia del acceso al agua como un factor de combate a la pobreza.
Godínez Rosales indicó que la disponibilidad del agua en México se ha reducido, ya que en 1950 era de 17 mil 742 m3 por habitante al año; en 2013 fue de 3 mil 982 y para 2030 se proyecta que sea de tan sólo 3 mil 800.
Precisó que México presenta en su territorio todo el espectro de categorías de disponibilidad del agua, donde algunas regiones tienen abundancia pero carecen de infraestructura adecuada para optimizar su uso y distribución, así como otras con gran escasez del líquido.
Explicó que en 2010 alrededor de 66 por ciento de la población mexicana se encontraba en situación de estrés hídrico, que es cuando la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se restringe por su baja calidad; afirmó que la escasez y sobreexplotación del abastecimiento de agua se agrava por la contaminación.
En torno de la sobreexplotación que realizan algunas empresas en entidades como la Ciudad de México, los expertos coincidieron en que para otorgar esos permisos la autoridad debe tener no sólo una base científica, sino también una de largo plazo, transexenal, para asegurar la sustentabilidad del recurso, por todo lo que implica.
Tales medidas deben tomarse porque importamos agua de zonas lejanas, bombeándola, y el 40 por ciento se pierde en el camino por fugas en la tubería de la red, fuera de los domicilios, y otro 25 por ciento se desperdicia en las instalaciones de las propias casas.
Indicaron que además del hundimiento de la ciudad, la sobreexplotación de los mantos freáticos tiene consecuencias como la magnificación de los sismos; donde había un lago ahora tenemos un suelo blando producto de su desecación; es evidente que entre menos agua tiene el subsuelo mayormente se magnifican las ondas de los movimientos telúricos.
Finalmente, se concluyó que el modo en que se ejerza el derecho al agua debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras, para lo que resulta necesario revisar las tarifas del servicio y calidad del agua, priorizar los usos del recurso, así como trabajar en el establecimiento de la infraestructura para el saneamiento.