Concluyen diputados trabajos por caso Tlatlaya; aprueban informe final

MÉXICO, DF, 16 de abril de 2015.- Con la aprobación de un informe final del Grupo de Trabajo Plural que coadyuva en las investigaciones del caso Tlatlaya, los diputados integrantes concluyeron los trabajos legislativos sobre los hechos ocurridos en el municipio mexiquense el 30 de junio del año pasado.

En una rápida reunión de los integrantes de la comisión coordinada por la perredista Elena Tapia Fonllem, y obviando la discusión del informe, los diputados Loretta Ortiz Ahlf, de Morena; Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del PRI; Víctor Sánchez Guerrero, del PAN; y René Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, aprobaron por unanimidad los trabajos legislativos en torno al caso.

El aliancista Fujiwara Montelongo no estuvo presente en la última reunión de trabajo, como constantemente no participó en los trabajos legislativos por el caso Tlatlata, donde perdieron la vida 22 personas presuntamente por ejecución extrajudicial.

Sin embargo, manifestó haber leído el informe final, el cual dijo que no tener ningún comentario, agregado ni inconformidad con el mismo y dejó su firma a favor de la aprobación.

La perredista Tapia Fonllem dijo en entrevista para Quadratín México que hay una situación endeble por parte del Gobierno del Estado de México, en tanto ahí ocurrieron los hechos.

En el marco de la comparecencia del secretario General de Gobierno del Estado de México, José Sergio Manzur Quiroga, contradijo que sólo presentó justificaciones.

“Las autoridades se pasan la responsabilidad”, rebatió la coordinadora del Grupo de Trabajo por el caso Tlatlaya.

Tras más seis meses de trabajos legislativos, Elena Tapia asentó la recomendación que quedará registrada en el Libro Blanco a fin de que pudiera dar paso a nuevas iniciativas de ley en la materia para ser retomadas en la siguiente Legislatura.

En uso de la palabra, el priista Pacheco Rodríguez hizo hincapié en aclarar que nada de lo asentado en el informe final aprobado deberá de interpretarse en el sentido de afirmar o negar la responsabilidad penal o administrativa de personas sujetas a proceso penal, víctimas directas o indirectas o servidores públicos.

“Su contenido corresponde al objetivo de los cumplimientos de los objetivos del Grupo y al ejercicio de las atribuciones de los integrantes de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión”, leyó del documento signado.