Condena grupo de trabajo impunidad en caso Tlatlaya

MÉXICO, DF, 19 de marzo de 2015.- Organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia coincidieron y lamentaron que los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México se hayan dado en un contexto donde no se castiga ni se investigan las desapariciones forzadas o casos similares.

En reunión sostenida con el Grupo de Trabajo plural del caso Tlatlaya, el encargado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Adrián Franco Zevada, informó que hasta la fecha las autoridades desconocen la identidad de tres de los 22 cuerpos ultimados en los hechos ocurridos el pasado 30 de junio de 2014, en el municipio mexiquense.

El Comisionado de la CEAV detalló que son varones las víctimas por las que se continúa trabajando en la Asesoría Jurídica Federal para de alguna manera coadyuvar con la PGR a fin de lograr la identificación de esas personas, de las que nadie se presentó a reclamar su cuerpo.

En dicha reunión celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sólo asistieron la coordinadora del grupo plural de trabajo, diputada del PRD Elena Tapia Follem, así como la integrante de Morena, Loretta Ortiz Ahlf. Más tarde se integraron los perredistas Julisa Mejía Guardado y Miguel Alonso Raya, a pesar de no pertenecer a la comisión.

El objetivo del encuentro fue conocer las perspectivas y propuestas, a fin de contar con una visión independiente para esclarecer el caso, así como prevenir, investigar, sancionar y garantizar la no repetición de este tipo de hechos.

Dicha audiencia pública se consideró fundamental para recuperar información previo a un informe final. Elena Tapia destacó las 22 personas privadas de la vida, entre las cuales al menos 15 pudieron haber sido víctimas de ejecución arbitraria, pero también en casos de tortura, tortura sexual, encubrimiento y delitos de abuso de autoridad.

El grupo de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones del caso de Tlatlaya en la Cámara de Diputados reiteró su denuncia por no lograr acceder a la información documental necesaria por parte de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno del Estado de México.

A lo anterior, organizaciones de la sociedad civil señalaron que no se puede esperar mucho de cualquier esfuerzo por parte de otros actores de la sociedad.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, hizo un llamado al Congreso de la Unión para supervisar las tareas de la PGR y para convocarla a rendir cuentas para explicar los avances en el caso Tlatlaya bajo el principio de máxima publicidad.

“Es falso que se deban sacrificar derechos humanos para que exista más seguridad y que se toleren las ejecuciones extrajudiciales o la tortura para tener mayores avances en la materia”, expresó al referirse a la política del Gobierno federal de ‘mano dura’ para la seguridad.

El director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, subrayó que Tlatlaya no debe ser tomado como un tema aislado, sino como un síntoma de problemas estructurales en un país que “transita con dificultad hacia la construcción de controles democráticos para el uso de la fuerza”.

Con asombro, lamentó que casos de esta gravedad que han trascendido internacionalmente, no deriven en aprendizaje a las instituciones, a la política pública y a los mecanismos de control democrático sobre el uso de la fuerza.

Aseveró que el Ejército no cuenta con estándares suficientes para ejercer funciones de seguridad pública bajo control legal de sus actos, por tanto las instituciones militares no deben hacer tareas que no le corresponden por el abandono histórico a las instituciones policiales y al aparato de justicia penal por parte del Estado.

El investigador Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hizo referencia al Índice de Letalidad 2008-2011 en el país –número de muertos por cada herido en enfrentamientos que involucra a fuerzas del orden público- donde, para la policía federal, existe una cifra relativamente baja: 2.6 muertos sobre heridos.

Para el Ejército advirtió que el dato sube a 9.1 muertos por cada herido durante enfrentamientos y para la marina a 17.3.

“Estos indicadores nos alertan de que algo ocurre estructural y sistemáticamente en el trabajo de las fuerzas de seguridad en estos casos”, señaló.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, recomendó hacer partícipes a expertos internacionales para el esclarecimiento del caso Tlatlaya, de la misma manera en que colaboraron los peritos argentinos en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Arguyó que la Procuraduría del Estado de México no cuenta con un mecanismo independiente que aporte credibilidad a sus trabajos.

El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, expresó preocupación respecto a la negativa de entregar información al Congreso de la Unión para dar seguimientos a casos como el de Tlatlaya.