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Caso del bebé tirado, excusa para quienes buscan aprobar aborto: Iglesia
MÉXICO, DF, 11 de septiembre de 2014.- El fallecimiento del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, el pasado mes de julio, no fue ocasionado por una onda expansiva provocada por un artefacto explosivo, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el marco de la presentación de la recomendación 2VG/2014 por los actos de negligencia policiaca que se vivieron en una manifestación en Puebla, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, reveló que en la investigación realizada por su organismo no muestra el supuesto impacto de una onda expansiva en la cabeza del menor.
“En nuestra investigación se pudo concluir que no fue lesionado por una onda expansiva, como lo señaló la procuraduría del estado de Puebla, en sus resultados del pasado mes de agosto.
“Se determinó que el objeto que lesionó y después provocó la muerte del niño, fue de un artefacto cilíndrico que fue lanzado por los elementos de la Secretaría de Seguridad de Puebla, quienes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la gente”, dijo.
El ombudsman nacional agregó que la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal así como la falta de capacitación a los mismos es responsabilidad del titular de esa dependencia, Facundo Rosas y no del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle.
En la recomendación se destaca que los responsables de la muerte del niño de 13 años de edad no son los 426 elementos que participaron en el operativo, solo se investigará a 32 quienes portaban lanzadores, de estos 20 escopeteros y 12 granaderos.
Destacó que este caso ha estado rodeado de impunidad por lo que solicitó a las autoridades estatales cree una fiscalía especial para que se investigue a fondo no solo a los elementos que participaron en el operativo sino también a los habitantes de Chalchihuapan porque existen indicios de que algunos cometieron delitos y al respecto no se ha investigado a nadie.
«No se justifica el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley.
«El empleo de la fuerza pública siempre debe ser el último recurso», comentó.
Plascencia recordó que el gobernador del estado tiene 15 días hábiles para responder y aceptar la recomendación y otros 15 días para presentar pruebas de que se cumpla.
En caso de que no se cumpla la petición de la CNDH, es decir, que haya una negativa del titular poblano, ejercerá su derecho basado en la Constitución a que Moreno Valle se presente ante la Cámara Alta para rendir cuentas.
El pasado 9 de julio, habitantes de Chalchihuapan cerraron la autopista Puebla- Atlixco para pedir el regreso del servicio del registro civil a las juntas auxiliares. Los granaderos iniciaron el desalojo, lo que desató un enfrentamiento, en el menor resultó lesionado.
El 18 de julio, los médicos le diagnosticaron muerte cerebral. Los pobladores acusaron a la policía estatal de disparar balas de goma y que una de ellas había impactado contra la cabeza del niño.