Considera Caucus reformar Ley de Obras en combate a la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero de 2016. Legisladores que integran el Caucus legislativo en transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción (CLET) consideran que la Ley Federal de Obras Públicas debe ser uno de los instrumentos normativos a reformar bajo los supuestos que ordena la Constitución en materia anticorrupción.

Dado el proceso legislativo en curso, el posicionamiento de los diputados señala que la Ley Federal de Obras Públicas debe ser parte de los cambios legislativos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), dada la cantidad de recursos públicos vinculados a las mismas.

“Un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción debe buscar prevenir la corrupción donde se genera, en este caso, en la obra pública, y no sólo perseguir los casos una vez que se presenta”, concluye el pronunciamiento del Caucus Legislativo.

Además, las implicaciones para la actividad económica del país al asegurar un gasto público más eficaz en años de contracción del gasto y el precedente que las leyes establecen para el diseño o adecuación de la legislación estatal.

El grupo plural considera que el principio de máxima publicidad debe privilegiarse en todas las etapas del ciclo de la obra pública, asimismo garantizar que CompraNet cumpla con el principio de máxima publicidad, es decir, desde la planeación y presupuestación, la ejecución del contrato, el finiquito del contrato y en los casos en los que hubiera un proceso de fiscalización o auditoría externa, el resultado de estos actos de autoridad.

Con esta premisa, el hecho de que la información relativa a una contratación (adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas o licitación) no se encuentre en Compranet, debería hacer jurídicamente inválido un contrato.

Los legisladores consideran necesario la creación del Inventario Nacional de Infraestructura Pública en el que se registre todos los bienes que conforman la infraestructura y el estado en el que se encuentran en el momento de su registro, además una base de datos nacional de proyectos estratégicos que permita identificar los proyectos de obra pública  a mediano y largo plazo, que hayan sido justificados y priorizados atendiendo a las necesidades presentes y futuras del país.

Respecto al tema de investigación de mercado, contemplado en la Ley de Obras Públicas, señalan que debe ser revisado y precisado sobre las características y alcances que debe cumplir.

De esta forma, los gobiernos podrán impulsar decisiones basadas en resultados objetivos derivados de la investigación de mercado y no sólo a partir de solicitudes de cotizaciones.

El proceso de discusión legislativa deberá revisar e incorporar los compromisos adquiridos por México en el G20, en materia de beneficiario reales y las disposiciones contenidas en la Ley Antilavado para reducir riesgos de lavado de dinero y de corrupción en procedimientos de contratación y ejecución de obra pública.