Considera PRD que Ley reglamentaria del 29 quita facultades a Peña

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril de 2016.- Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), en la Comisión de Gobernación, votaron a favor de la minuta enviada por el Senado sobre la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, sobre el retiro de derechos y garantías ante situaciones de emergencia, al considerar que deja de lado la decisión unipersonal del presidente y se convierte en una decisión de Estado, que incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, informó el propio Grupo Parlamentario del sol azteca a través de un comunicado.

El legislador Rafael Hernández Soriano aseguró que la minuta cubre el ámbito de participación de las tres esferas del Estado, lo cual modifica el “esquema autoritario que establecía que fuera el presidente, sin ningún contrapeso, decidiera en qué momento y bajo qué circunstancias diluía o coartaba las garantías constitucionales”.

Consideró que la iniciativa es un cambio histórico importante que modifica el esquema de designio presidencial unipersonal que, recordó, se ha aplicado en nuestro país en dos ocasiones: durante la época revolucionaria y en la Segunda Guerra Mundial.

Dicha normativa, aseguró, tiene que ver con un planteamiento de nación, con “una decisión de Estado que no es el solo el presidente. No es una decisión unipersonal, sino que cuenta con la participación de los otros poderes”.

El dictamen de ley aprobado estipula que el Ejecutivo debe someter a la aprobación del Congreso de la Unión, o en su caso de la Comisión Permanente, un proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión, para lo cual se da un plazo de 48 horas para su resolución.

“Es lo que hemos peleado por décadas en este país, que las decisiones de este calado no queden en manos del Ejecutivo, como estaba desde la reforma juarista de 1857”, señaló al resaltar las bondades jurídicas de dicha modificación.

“La actuación del Congreso es fundamental en una situación de acotamiento de derechos y deja abierta la posibilidad de que mediante varios criterios de interpretación se discuta por los legisladores”, manifestó. 

Para garantizar la seguridad a los derechos de los ciudadanos la ley incluirá una lista de los peligros que justificarían una petición por parte del presidente para suspender garantías en un estado, región o todo el territorio.