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MÉXICO, DF., 9 de diciembre de 2015.- Dos personas que laboraban en granjas de rehabilitación para adictos fueron presentadas ante el ministerio público, por delitos de trata de personas y privación ilegal de la libertad, como parte del programa de visitas conjuntas entre las comisiones Nacional contra las Adicciones (Conadic), la Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y los consejos estatales contra las adicciones.
Dicho programa, iniciado en octubre de este año, ha verificado 43 establecimientos privados y este miércoles colocó sellos de clausura en 28, ubicados en 11 diferentes estados, y donde se encontraban en rehabilitación poco más de 300 personas.
De acuerdo con lo informado por el presidente de la Conadic, Manuel Mondragón y Kalb, las personas están detenidas porque una de ellas, que fungía como el jefe de un centro de rehabilitación, obligaba a delinquir a las personas adictas en recuperación, mientras que la otra fue consignada porque mantenía a dos mujeres privadas de su libertad, una de ellas menor de edad y que además estaba embarazada y no recibía atención médica.
De acuerdo a los documentos proporcionados a la prensa, durante la conferencia de esta mañana, se desprende la información de la detención de los sujetos. El comisionado estuvo acompañado del director adjunto de la comisión, Raúl Martín del Campo y el coordinador de asesores de la Cofepris, Patricio Enrique Caso.
Los tres funcionarios refirieron que en las granjas clausuradas se han detectado diversas irregularidades, un ejemplo es que 80 por ciento de los establecimientos carecía de instalaciones funcionales de cocina, baños, regaderas, consultorio médico y dormitorios.
“Específicamente, respecto al área de cocina se encontró que en su mayoría cocinan con leña, no cuentan con refrigerador ni espacios para el resguardo de utensilios de cocina”, explicó el titular de la Conadic.
En todas las granjas clausuradas las autoridades notaron que no había espacio adecuado para resguardo de medicinas y el medicamento que tenían estaba caducado.
Además en el 90 por ciento de los establecimientos no se encontraron condiciones de seguridad y protección civil adecuadas. Incluso mostraron imágenes donde se veía que los adictos dormían en estantes, en improvisados colchones hechos de almohadas e instalados en el suelo, en pisos sucios y con fauna nociva.
En los dormitorios mujeres y hombres, así como adultos y menores de edad compartían espacio en condiciones de hacinamiento.
Mondragón y Kalb dijo que en las granjas clausuradas, donde eran llevados adictos de escasos recursos económicos, se les cobraba alrededor de cuatro mil a cinco mil pesos al mes, y luego de ser cerrados dichos centros los 300 enfermos que ahí estaban fueron reubicados en otros lugares especializados.
Los estados donde se han verificado establecimientos son Jalisco, México, Durango, Yucatán, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco, Guerrero, San Luis Potosí y Guanajuato. Mondragón y Kalb se negó a decir cuántos centros clausurados había por entidad.