Contexto/ Fernando Ramírez de Aguilar L.

¿Y la verdad histórica? ¿Y qué paso con los 43?

Más allá de las discrepancias que surgieron en su relación con el gobierno federal, para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó los expedientes que conforman la indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, lo más preocupante ahora es el futuro que les espera a los padres de esos estudiantes. Sin embargo, el punto medular de este asunto tiene que ver con saber cuál es la verdad histórica sobre el destino final de esos estudiantes. ¿Están muertos? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Fueron asesinados y quemados y sus restos arrojados al río? dudas, dudas y más dudas.

Podemos coincidir o no en el hecho de que la Procuraduría General de la República pudo haber desarrollado una investigación insuficiente y también ineficiente, podemos coincidir o no en que su intervención en el caso fue demasiado tardía y que pudieron perderse elementos de prueba importantes por esa tardanza y haber dejado que la fiscalía estatal hiciera sus propias indagaciones. No obstante lo anterior, hay muchas confesiones –con tortura o no–, de varios de los protagonistas que están siendo procesados por el secuestro y desaparición obligada de los estudiantes que a mi juicio no se les ha dado la importancia debida.

Los expertos del GIEI, que terminan su mandato el 30 de abril, no lograron cumplir con su propósito primordial: saber qué pasó con los normalistas de Ayotzinapa, que se llevaron a punta de pistola los policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, el 26 de septiembre del 2014. Dicen que el gobierno los obstaculizó y su quejaron también de que no pudieron hablar con los militares y que les orquestaron una campaña de desprestigio. Sin embargo, el gobierno federal a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo negó de manera categórica. Dijo que se les brindaron todas las facilidades, en la investigación más transparente que se haya tenido jamás.

Ahora se sabe que Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, pudo estar involucrado en la tortura de algunos responsables de la desaparición y asesinato de los estudiantes. Por lo pronto, los padres de los 43 exigen que este funcionario, sea separado de su cargo e investigado, luego de que los expertos dieran a conocer un polémico video que no fue incluido en el expediente.

Las imágenes, grabadas el 28 de octubre del 2014, muestran al personal de la PGR en las inmediaciones del Río San Juan, manipulando restos óseos que guardaban en bolsas similares a las encontradas. Una contenía los restos de quien fuera identificado, en Innsbruck, Austria, como Alexander Mora Venancio, normalista de Ayotzinapa.

Los integrantes del GIEI, Ángela María Buitrago y Valencia Villa hablaron sobre las características que observaron cómo únicas del sistema judicial mexicano y dijeron que aquí, a diferencia de otros países, la “forma por la forma” burocratiza y dilata la práctica judicial, además, de que el peso que se les da a las declaraciones de los acusados es enorme.

“O la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos vinculados, hay cadenas de mando, etcétera… Uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan”, dice Valencia.

“O volvemos al tema de las víctimas […] muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer”, añadió.

Lo que es un hecho, es que a pesar de que la PGR sostiene que hay 132 procesados de 168 acusados por estos hechos –faltan por detener otros 34–, es que a estas alturas el asunto está absolutamente politizado y los mexicanos no sabemos a ciencia cierta a dónde fueron a parar esos estudiantes, si algunos o la totalidad fueron asesinados e incinerados. Y en ese sentido ni los expertos ni la PGR nos han podido convencer. Y los padres de familia, algunos de los cuales han medrado con el caso, seguirán reclamando justicia. Verdaderamente lamentable, desde cualquier punto de vista que se le vea.

En ese contexto, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) incorporó a su expediente de investigación el Informe del 6 de septiembre de 2015 del GIEI y también agregará a sus investigaciones este informe final rendido, para valorar este conjunto de elementos documentales en correspondencia con sus propias indagaciones.

La CNDH sostiene que “hay coincidencia en un número importante de las sugerencias planteadas por el GIEI en sus Informes –más de 20- con las Observaciones y Propuestas que la CNDH previamente dirigió a diversas autoridades federales, tanto en el documento “Estado de la Investigación del ‘Caso Iguala” del 23 de julio de 2015, como en el Reporte presentado el pasado jueves 14 de abril”. Estimó que la presencia en México de grupos y organizaciones de diversas latitudes suma a la defensa de los Derechos Humanos, “pero no sustituye la alta encomienda constitucional que corresponde cumplir a la CNDH”. ¿Y los 43?