Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar

Sucesión en la Suprema Corte de Justicia: ¿Ni cuotas ni cuates?

Dos senadores del PRD, Armando Ríos Piter y Dolores Padierna Luna, sostuvieron en el Pleno que uno de los vacíos de la ley para designar ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), podría permitir al presidente Enrique Peña Nieto proponer a la maestra María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y es que hay que recordar que a fines de noviembre, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas llegarán al final de su mandato constitucional de 15 años de servicio y desde hace ya algunas semanas, comenzaron las presiones de partidos políticos y organizaciones civiles quienes están planteando que los sucesores de ambos ministros provengan ya sea del servicio civil de carrera judicial o de la academia.

Los senadores perredistas acusaron a la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, de haber exonerado al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto del polémico caso Monex.

«Ni cuotas, ni cuates, ni quienes hayan calificado la elección presidencial», expresó Armando Ríos Piter ante el pleno senatorial, retomando la frase de diversas organizaciones de la sociedad civil, respaldadas por más de 21 mil firmas recabadas a través de la plataforma change.org, las cuales exigieron al Ejecutivo Federal enviar las ternas de propuesta al Senado de la República -para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- sin cuotas partidistas ni con “amigos” incluidos.

Denise Dresser, académica; José Merino, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Carlos Heredia, economista y Alejandro Madrazo, abogado constitucionalista y director del Programa de Derecho a la Salud de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre otros,  entregaron al Senado un documento a través del cual también se exige paridad de género en la conformación del órgano y que la “auscultación” por la que pasan los candidatos a la Corte sea más profunda, respecto a la que actualmente realizan los legisladores.

Se explicó que “queremos una Corte sin cuotas ni cuates, porque la Corte tiene que ser -ante todo- imparcial y confiable para todos los actores. Cuando se refundó la Suprema Corte de Justica, y con ella todo el sistema judicial de México, en el año 94, se refundó con muchos objetivos pero uno principal: poder dirimir los conflictos que nacerían previsiblemente de la creciente pluralidad política. Por tanto, los académicos insistieron en que se necesita una SCJN independiente, que pueda dirimir conflictos entre los poderes: “Nos preocupa que en sustitución de los dos ministros que representan la independencia de la Corte, se vaya a nombrar a políticos o a cuates del presidente; porque eso le restaría autoridad”.

Y ante la perspectiva de renovación, se ha difundido la sospecha de una “partidización” de la Corte a través de la inclusión de militantes del PRI y del PAN en las ternas de candidatos que el presidente Enrique Peña Nieto propondrá al Senado en las siguientes semanas para su discusión y ratificación.

Se dice que el Presidente Peña Nieto propondrá como candidato al actual senador priista con licencia, Raúl Cervantes Andrade, doctor en derecho y académico y que es, además, primo hermano del consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes.

Los senadores del PRD sostienen que como el PRI no cuenta en el Senado con los votos suficientes para lograr la ratificación de un candidato, se sospecha que existe a este respecto un acuerdo con el PAN, partido que apoyaría con sus votos la candidatura de Cervantes Andrade a cambio de la llegada a la Corte de un ministro panista.

Pero la designación en marzo pasado de Eduardo Medina Mora, ex embajador de México en Estados Unidos durante el gobierno de Peña Nieto y ex procurador General de la República en el sexenio de Felipe Calderón, como ministro de la Suprema Corte en sustitución del fallecido Sergio Valls Hernández,, generó una intensa y permanente polémica que por cierto ser vino a intensificar cuando la  Segunda Sala de la propia Corte ejerció su facultad de atracción para conocer una demanda en contra de la forma en que fue designado Eduardo Medina Mora.

La demanda, presentada por Davina Guadalupe Ponce Martínez el 31 de marzo pasado –20 días después de que el Senado con el voto a favor de PRI, PAN y PVEM, así como el sufragio en contra de PRD y PT–, impugna la elección del ex procurador general de la República y ex embajador de México en Estados Unidos y reclama ‘‘presentar a Eduardo Medina Mora como integrante de la terna para la designación de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la designación del mismo, así como la aceptación del cargo y la omisión a renunciar al puesto”.

Y por primera vez, la Suprema Corte decidió conocer esta insólita demanda,  la cual fue turnada a la Secretaría General de Acuerdos para que determine qué Sala debe resolverla y, en consecuencia, qué ministro será el encargado de elaborar el proyecto correspondiente. Este asunto más tarde que tempano llegará al pleno.

También, se está pidiendo que en la sucesión de Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, las ternas que sean propuestas estén integradas por género, para equilibrar al pleno que ahora está integrado por 9 hombres y solamente 2 mujeres.