Corrupción y escasa capacitación colapsaría el Sistema Penal Acusatorio

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de marzo de 2016.- Organizaciones sociales y académicos consideran que uno de los riesgos para que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio pudiera colapsar –se aplicará en todo el país el próximo 18 junio–, es que estados y municipios no implementen en forma adecuada los procesos de capacitación de sus policías, lo que podría derivar en la impunidad y agravamiento de la inseguridad.

Además, se desaprovecharían los recursos públicos y privados, directos e indirectos, destinados a la capacitación policial con lo que continuaría el proceso de deterioro de la imagen del policía al no modificar sus conductas, por lo que seguirían los actos de corrupción.

El investigador Marco Lara Klahr es lapidario: el problema es más grave, además de las deficiencias de la policía, pues si éste ya torturó no va a dejar de hacerlo. Y aunado a esto está la corrupción. Y enumera:

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en el aspecto de corrupción, en primer lugar, están los policías municipales, después los estatales, luego los de investigación, en cuarto lugar, los federales, en quinto, los Ministerios Públicos y en sexto, los jueces.

“No hay una policía científica”, asegura Lara Klahr, quien al mencionar las tres nuevas figuras de los jueces que actuarán dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatoria (de Garantía, de Juicio y de Ejecución) afirma que tampoco ellos están perfectamente capacitados, pues tienen deficiencias en conocimientos de tratados internacionales.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, aseguró que “el tema de la policía en la nueva reforma al sistema penal es la piedra angular de su éxito o fracaso”.

El primer respondiente es el policía, toda vez que se convierte en el primer contacto entre la instancia judicial y un presunto delincuente. Pero si queremos realmente un súper policía con las capacidades que debe tener, con las competencias y las habilidades que se requieren, no podemos tratarlo como a un policía de quinta y pagarle un sueldo de quinta. Tenemos que crear las condiciones óptimas para tener una excelente policía, entre ellas su constante capacitación.

En ese sentido, Miranda de Wallace propuso la creación del Ombudsman policial que defienda los derechos humanos de estos servidores públicos, pues destacó que la falta de investigación, el rezago tecnológico y la poca capacitación de los elementos ponen en duda su desempeño en las calles y jamás tendrán la confianza de los ciudadanos».

En días pasados, México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) dio a conocer los resultados de la verificación de legalidad en las actuaciones de los servidores públicos que intervinieron en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y planteó “exigencias puntuales” dirigidas a las autoridades operadoras del nuevo sistema en la capital del país. Destacan:

–Fortalecer la capacitación de los jueces, Ministerios Públicos, policías preventivos y ministeriales, defensores públicos y asesores jurídicos públicos, para garantizar que sus actuaciones se apeguen a los principios y derechos en el procedimiento penal.

–Capacitar a policías sobre los derechos de las partes en la detención, cadena de custodia y procedimientos de localización y presentación de imputados, para garantizar que sus actuaciones se apeguen a los principios y derechos en el procedimiento penal.

María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común, señaló que la capacitación policiaca en estados y municipios es una prioridad y que para evitar que autoridades locales pretenden llevar una simulación sobre dicha capacitación, es indispensable que organizaciones sociales y académicas realicen la evaluación y la hagan pública.

Morera agregó que el Registro Nacional de Seguridad y Justicia, debería contener una relación pormenorizada del desarrollo de cada agente policial, incluyendo los cursos que ha tomado, las pruebas y exámenes que ha superado, su trayectoria y ascensos, pues en realidad se carece de todos esos datos.

“Esto va más allá de un tema de voluntad política. Es un tema de orden institucional. Tenemos que empezar desde el principio y definir qué queremos del policía y, con base a eso, cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a ascender, cómo va a tener méritos y eso está sólo en la ley, pero en la realidad es inexistente” dijo la activista.

Bajo la misma tesitura, los académicos y especialistas en temas de seguridad pública, Miguel Carbonell, Marco Lara Klahr y Elena Azaola, entrevistados por Quadratín México, coincidieron en que los policías estatales y municipales –quienes son mayoría en el país– no son atendidos y respetados por las propias autoridades y lo más lamentable es que sea esta misma autoridad la que les exija que brinden un servicio de seguridad de calidad y no incurran en actos de corrupción, sin ofrecerles las herramientas de trabajo y los incentivos en sueldos y prestaciones.

Por ese motivo, “cuando los policías tienen la necesidad de actuar, lo hacen con mucho temor o desconocimiento y en la mayoría de ocasiones incurren en la comisión de delitos u omisiones que les traen consecuencias: la pérdida de la vida, el empleo o la libertad”, Marco Lara Klahr, autor entre otros libros de Policía y Medios. Manual de policía para la comunicación institucional y la relación con los periodistas en el nuevo sistema penal acusatorio; Extorsión y otros círculos del infierno; Son los derechos! Manual para periodistas sobre el sistema penal acusatorio.

Añadió que la capacitación es una de las mayores demandas de los policías, “pero no la reciben debido a las deficiencias estructurales en las organizaciones de seguridad pública. Si bien existen academias nacionales o estatales en todo el país, se carece de la infraestructura necesaria o instructores capacitados para hacer frente a la gran demanda que existe a nivel nacional”.

Para 2016, tres mmdp en vestuario

y uniformes para policías municipales

A continuación, los costos (por unidad) del Subprograma Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia, válidos para todos los policías municipales el país, y que serán erogados por el Gobierno Federal para vestir y uniformar a 135 mil 307 municipales, a un costo unitario de 22 mil 858.94 pesos, lo cual arroja una cifra ligeramente superior a los tres mil millones de pesos.

Tres de cada cuatro personas contratadas como policías en Michoacán en realidad no lo son; en Guerrero hay barrenderos y secretarias que cobran como agentes; la academia policial de Nayarit tiene un salón; el Mando Único anunciado desde el sexenio pasado, funciona en la mitad de los estados; Veracruz y Sinaloa tienen en la calle y armados a miles de oficiales con el control de confianza reprobado, recuerda María Elena Morera.

Y concluye:

“El diagnóstico de la situación en que operan las policías en México, evidencia que las corporaciones no sólo padecen por falta de equipos o de uniformes para los agentes, sino que presentan un desorden administrativo y estructural que afecta todo el funcionamiento de las propias corporaciones e impide llevar a cabo una capacitación permanente”.