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MÉXICO, DF, 18 de diciembre de 2014.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, creó este jueves una Oficina Especial para el Caso Iguala y nombró como titular de la misma al maestro José T. Larrieta Carrasco, quien se encargará de atender las violaciones graves a derechos humanos por los lamentables acontecimientos ocurridos en esa ciudad los días 26 y 27 de septiembre pasado.
A través de un comunicado, se informó que el titular de la Oficina Especial buscará mantener comunicación directa con los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las ONG nacionales e internacionales, y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan, con el fin de brindar la atención prioritaria que el asunto reclama. Además, deberá fortalecer sus tareas hacia la determinación de conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de los referidos acontecimientos.
También serán funciones del titular de la Oficina Especial impulsar la integración del expediente de queja, procurar la información de toda autoridad que debe proporcionarla y analizar las constancias que obren en averiguaciones previas, tanto del fuero federal como del local, para identificar cualquier probable violación a derechos humanos, así como estar atento a que las autoridades agoten todas las líneas de investigación que conforme a derecho procedan.
El maestro Larrieta Carrasco es un profesional con experiencia que se ha desempeñado como Coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, además de haber prestado sus servicios en diversas dependencias federales y locales del ámbito de procuración de justicia, de donde también deriva su experiencia en materia de investigación. Fue Asesor Interregional Externo del Centro para la Prevención del Crimen Internacional de la Oficina de la ONU.
Ha sobresalido en el ámbito académico, donde ha impartido las materias Derecho Penal, Procesal Penal, Garantías Constitucionales, Amparo Penal y Derechos Humanos, entre otras, en universidades e instituciones nacionales, en los niveles de maestría y doctorado.