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Cae presunto feminicida en la alcaldía Álvaro Obregón en CDMX
MÉXICO, DF., 27 de octubre de 2015.- En compromiso institucional con protocolos internacionales homologados para la investigación de delitos de tortura y de desaparición forzada de personas, la Procuraduría General de la República (PGR) inició formalmente la operación de la Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem, en una primera etapa con la información de 650 personas cuyo paradero se desconoce.
Al publicarse este día en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la PGR, la procuradora Arely Gómez González aseguró que se dará certeza a las víctimas directas e indirectas por estos delitos, al establecer diligencias homologadas y sustentadas científicamente para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
En un segundo eje de acción en la instrumentación de una política de Estado en materia de derechos humanos, prioridad en su gestión, la responsable de la procuración de justicia del país abundó en comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sobre el desarrollo de 54 reuniones de trabajo con colectivos de víctimas de delitos relacionados con violaciones graves de las garantías, con el objeto de avanzar en las investigaciones.
Gómez González adelantó que se realiza un proceso de consulta con especialistas, organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, así como de víctimas de tortura y de desaparición forzada de personas, para elaborar y presentar en las próximas semanas al Poder Legislativo dos proyectos de leyes generales en esas materias.
Al dar cuenta de la situación que guarda la procuración de justicia en México, retomó lo dicho durante su comparecencia en el Senado de la República sobre la averiguación previa del caso Iguala, la cual fue puesta bajo la competencia de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en donde se ha expuesto que un equipo de servidores públicos altamente calificados en investigación penal y derechos humanos atiendan esta indagatoria en una segunda fase.
Reiteró que las hipótesis dependen de indicios o de pruebas confirmadas, tratándose de una investigación abierta donde no hay posturas inamovibles, sino que se desarrollan en el curso de la propia investigación.
De ahí, que se hayan incorporado al expediente del caso diversas observaciones y elementos que son necesarios surgido de la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El aspecto más importante de este acuerdo es el relanzamiento de la búsqueda de los normalistas desaparecidos, mediante una estrategia basada en el uso de la tecnología y la ciencia. Al mismo tiempo que se trabajará en la atención integral a las víctimas, lo cual incluye el acompañamiento en su búsqueda de justicia”, aseguró la titular de la PGR.