CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril de 2016.- La crisis ambiental en la Megalópolis, en particular en la Ciudad de México, nos está demostrando la necesidad de cambiar las prioridades del Presupuesto de Egresos, pero también para buscar mejores fuentes de financiamiento y contar con un mejor transporte público y condiciones atmosféricas, afirmó la diputada del Grupo Parlamentario del PRD, Cecilia Soto González.

El Congreso debe mandar en materia presupuestal y no esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decida, porque sus argumentos para convenir el presupuesto no los determina a partir de la calidad del aire, sino, incluso, desde criterios políticos.

Recordó que en legislaturas y el periodo anteriores, el GPPRI y sus aliados se negaron a aprobar recursos financieros para que la capital del país pudiera contar con un mejor transporte público, como fue también el reciente anuncio de cancelar en 2 mil 200 millones de pesos la ampliación de la Línea “A” del Metro hacia Chalco, además de los 5 mil millones de pesos que solicitó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

“Esta crisis nos puede servir para revisar la mala planeación urbana, sumado al cambio climático y al cambio de patrón ambiental que hay en la ciudad, además del desorden en la Megalópolis que nos ha llevado a una crisis”, puntualizó la legisladora, quien advirtió que las cosas no van a funcionar si no se toman decisiones con carácter metropolitano.

“Las disposiciones que se tomen en materia ambiental, apuntó la perredista, las debe asumir el gobierno federal; es éste quien debe responsabilizarse de la red de monitoreo y ser quien determine el carácter de las emergencias ambientales”, subrayó.

Soto González destacó que nadie “asume estas atribuciones y decisiones porque son impopulares y porque castigan políticamente”, pero al mismo tiempo, son aprovechadas por intereses que en los últimos días, en medio de la contingencia ambiental, han llevado a cabo una campaña irresponsable de descalificación y para sembrar terror entre la población.

La también presidenta de la Comisión del Distrito Federal acusó que el aprieto ambiental está siendo usado políticamente de cara a las elecciones del 2018. El problema es un tema de salud pública que debe preocuparnos a todos y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad de priorizar el bienestar de la población, por lo que no se debe meter en este tema la política.

Consideró que se debe actuar con decisión y responsabilidad, y no desobedeciendo obligaciones y responsabilidades, como es el caso del gobierno del estado de México que no ha asumido lo que exige el artículo 122, inciso C de la Constitución en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico junto con la federación, la ciudad de México y el resto de las entidades de la Megalópolis.

Dijo que de los 42 municipios del estado de México, sólo 18 han participado en el programa de emergencia ambiental, las que al igual que las otras entidades de la Megalópolis, rara vez obedecen y, por el contrario, es a la capital a quien se le castiga.