Daño patrimonial en Cuenta Pública 2014 de más de 60 mmdp: ASF

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2016.- Como consecuencia de la revisión de la Cuenta Pública del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en 2014, de mil 641 pliegos de observaciones con presunción de daño patrimonial se tiene una cantidad preliminar entre 60 y 70 mil millones de pesos, de los cuales hasta el momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo ha logrado recuperar seis mil 116.1 mil millones de pesos.

Lo anterior no quiere decir que sean faltas a la normatividad o deficiencias de control, sino gastos o pagos que no están debidamente sustentados por falta de documentación, explicó el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, sin embargo, aclaró que en el momento que se justifique se podrá solventar.

Al presentar el Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Portal Martínez dio cuentas de un total de mil 659 informes individuales que corresponden a 748 auditorías de cumplimiento financiero, 897 de desempeño, ocho evaluaciones a políticas públicas, cinco estudios y una revisión de situación excepcional.

Subejercicio de más de 60 mmdp

Del total de auditorías realizadas, el rubro con mayor problemática se refiere al Gasto Federalizado con mil 199, pues el Subejercicio de recursos no aplicados al 31 de diciembre de ese año, ascendieron a 63 mil 607.2 millones de pesos, esto implica el incumplimiento de metas y objetivos de los programas, así como la posibilidad de un ulterior uso indebido de recursos, detalló el titular de la ASF en conferencia de prensa, tras la presentación del informe.

De acuerdo al indicador de observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011-2013, el monto observado 2014, el importe de procedimientos resarcitorios y el monto de denuncias penales relacionadas con simulación de reintegración, la entidad federativa que tiene un cúmulo total es Veracruz con 35 mil 421.7 millones, seguido de Michoacán (28 mil 447.5 millones), Jalisco (21 mil 938.0 millones), Estado de México (17 mil 381), Guerrero (12 mil 99.3 millones), y Chiapas (12 mil 79.3 millones).

Precisó que la secretaría de Estado más auditada, por lo tanto con más observaciones es la de Comunicaciones y Transportes (SCT), en proporción a los cientos de proyectos que manejó la dependencia federal y ante la inversión de ese año.

Respecto a la Presidencia de la República, indicó que se realizaron dos auditorías que fueron menores sobre gastos que tenían que ver con el uso de recursos para la alimentación en comedores.

En el marco de las atribuciones legales de la ASF, Juan Manuel Portal anunció la emisión de ocho mil 247 acciones, de las cuales tres mil 365 son recomendaciones, mil 207 son solicitudes de aclaración, 75 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por parte del SAT, y mil 871 promociones ante contralorías internas de responsabilidades administrativas sancionatorias.

De no justificarse el uso de recurso o gastos, detalló que se irá a un pliego resarcitorio contra los servidores públicos que utilizaron los fondos y posteriormente a denuncias penales, entonces todavía no se puede hablar de esto último pero no se descartan; no obstante, estimó que rebasarán las 100 denuncias penales, más que las del año anterior que fueron 80.

De las denuncias penales 2012 y 2013, todavía no se puede hablar de impunidad, lo que ocurre es que de las más de 662 presentadas o vigentes todavía, algunas se fueron a reservas y otras se declaró la no acción penal; de estas hay más de 540 que están en proceso de integración, es decir, están trabajando sobre ellas, “no están echadas a la basura”.

La mayoría de las denuncias son básicamente de las últimas seis cuentas públicas, de los 10 años anteriores había poco más de 20 denuncias. El Auditor manifestó su preocupación porque seguirá creciendo este número ante la PGR.

Portal Martínez confió en la colaboración de la PGR para ir avanzando en cómo conciliar y sustentar el daño patrimonial. “Tenemos esperanzas de que el nuevo sistema penal acusatorio facilite a que esto camine mejor, aunque estamos preocupados por la forma en que operan los juicios orales y habrá riesgos de cómo se demuestra el delito”, advirtió.