De Norte a Sur/Guillermo Correa

A 97 años de la muerte de Zapata

El 10 de abril de cada año es fecha para recordar al general Emiliano Zapata, asesinado hace 97 años mediante una traición que se repite casi a diario con el despojo de tierras, bosques, playas, agua y demás recursos naturales propiedad de los campesinos e indígenas del país.

Parte de la realidad es que más de 200 compañías trasnacionales, principalmente canadienses, se han apropiado, a través de concesiones, de una superficie mayor a la cuarta parte del territorio mexicano al que empobrecen extrayéndole el oro, la plata y otros metales. Pronto, otras más –inglesas y estadounidenses– harán lo mismo con el petróleo, gracias a las reformas del actual gobierno obsesionado en completar la hecha al artículo 27 constitucional por Carlos Salinas de Gortari, hace 24 años con la privatización de la tierra.  

De poco han servido los convenios internacionales firmados por México y las oraciones del Papa Francisco que, en su visita reciente a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al oficiar la misa para los indígenas se refirió a los que “mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminan”.

Hace tres años, el actual líder del PRI y entonces coordinador del grupo parlamentario en la cámara de Diputados, propuso una reforma más al 27 constitucional, para que se permita a extranjeros comprar tierras en las fronteras y playas, limitadas a no hacerlo dentro de una distancia de 100 y 50 kilómetros, respectivamente. Hoy los litorales más importantes del país se encuentran en poder de grandes empresas hoteleras que, por ningún motivo, permiten a sus dueños originales pisar siquiera sus territorios que están sólo para el disfrute del turismo.

Del agua ni se diga. Está el caso de la tribu Yaqui del estado de Sonora, donde el exgobernador Guillermo Padrés inició una embestida durante su mandato para anular el decreto presidencial que, desde septiembre de 1940, les otorgó el derecho a los indígenas de controlar el 50 por ciento del caudal del río que pasa por sus tierras.

Con esa agua se quiere abastecer a grandes ciudades, principalmente a los habitantes de Hermosillo, la capital, a través de un acueducto, “Independencia”, que, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, desde el río Yaqui, en la presa Plutarco Elías calles, trasvase 75 millones de metros cúbicos. La Suprema Corte de Justicia dio la razón a la protesta de la tribu yaqui que se acudió al amparo, pero en los hechos los dirigentes indios fueron encarcelados y todo indica que el proyecto continúa.

“La sentencia de la Suprema Corte –destacó en su momento el CEMDA– contiene elementos inéditos y muy relevantes en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; sobre todo, establece la importancia de que cualquier autoridad que pretenda realizar un proyecto debe consultarlo con las comunidades”.

De los bosques, basta recordar como empresas europeas devastaron los de Oaxaca y de Guerrero. O los de Milpa Alta y otras zonas que rodean al centro de la Ciudad de México, cuyos árboles fueron convertidos en papel por las fábricas Loreto y Peña Pobre, ubicadas donde hoy son grandes complejos comerciales que, bajo el mismo patrón de acabar con las fuentes de oxígeno en la capital del país, se han multiplicado con el gobierno de Miguel Ángel Mancera que, al autorizarlos, es cómplice de los daños que provoca la contaminación ambiental.

De los despojos mencionados a manera de ilustrar lo que pasa en el país, no se han salvado ni los paisanos del Caudillo del Sur, cuyas tierras cada vez más pierden la guerra de concreto que se apodera de ellas para crear desarrollos habitacionales o supercarreteras, como la anunciada Lerma—Tres Marías que pretende acabar con el gran Bosque de Agua que se localiza en San Juan Atzingo, dominio de taladores que desde hace 20 años enfrenta el indígena Idelfonso Zamora.

Toda esta política de depradación es causa principal de que se extienda la pobreza entre las comunidades indígenas y campesinas que defendió el general Emiliano Zapata. Su hijo, Mateo Zapata, todavía cultivaba la tierra con su tractor. Pero los nietos ya no. Algunos tuvieron que irse de indocumentados a trabajar a los Estados Unidos. Igual que lo hacen alrededor de tres millones al año, sin importar los riesgos del desierto, del río Bravo, de la Patrulla Fronteriza, del muro que divide y de los “caza–mexicanos”.

Como pueden se van y desde allá mandan casi 25 mil millones de dólares al año en remesas para ayudar a sus familias, supliendo la responsabilidad de un Estado que hasta el viento mercantiliza en Oaxaca a empresas extranjeras dedicadas a la producción de energía eólica.

Por eso es que, a 97 años de su muerte, al general Emiliano Zapata se le traiciona, por uno, y se le recuerda, por la mayoría, cada vez más.