Descomplicado
Campo, violencia y narcotráfico
Aunque pretenda negarse por las autoridades, el impacto de la delincuencia organizada es cada vez mayor y va desde el clásico cobro por el “derecho de piso”, a los secuestros y asesinatos de productores, lo que implica pasar por el robo de trenes de carga llenos de granos, el abigeato –sustracción de ganado– y las permanentes extorsiones por parte de la policía a los campesinos que transportan los alimentos cosechados a las centrales de abasto de las principales ciudades del país.
No hay que ir muy lejos para comprobarlo. Aquí, cerca de la ciudad de México, lo sufren los productores que provienen de los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos que deben pagar para poder vender sus cargas en el más grande mercado de abastos de América Latina, ubicado en el oriente de la capital.
Pero lo mismo sucede, sólo que, con tonos mucho más graves en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Tabasco, Chiapas y Michoacán, entre otras entidades, donde el llamado crimen organizado ha llegado a afectar a toda la población nacional con sus acciones, que repercuten en la escasez y el encarecimiento de los productos del campo. Dos casos concretos tienen que ver con el aguacate y el limón michoacano y Colima, al grado de que la propia Iglesia Católica –el obispado de Apatzingán— sostiene que lo mismo pasa con otros productos del agro y hasta con el agua.
El caso es que muchos empresarios agrícolas del norte mexicano han optado por irse a los Estados Unidos en busca de paz y que, esto es lo más grave, los jóvenes campesinos, según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, no tienen de otra que ingresar a las filas del narcotráfico como consecuencia de que el campo mexicano sigue en el olvido y los recursos aprobados para su impulso no llegan en su totalidad a sus destinatarios. Cabe recordar que los estudiosos calculan que, de cada peso destinado al agro, únicamente llegan 25 centavos. El resto, se queda en la burocracia y quienes integran la otra parte que es la delincuencia.
Lo cierto es que el campo mexicano sólo está habitado por ancianos y por mujeres. Los muchachos se van a donde les paguen y cómo no se crean suficientes fuentes de trabajo, sus destinos son inexorablemente migrar a las grandes ciudades, hacia los Estados Unidos como indocumentados e incorporarse a las bandas delincuenciales, culpables de la violencia sin precedente que padece el país.
Sobre este asunto, la Confederación Nacional Campesina advierte de una próxima crisis estructural y ha llamado a reforzar el acceso de los jóvenes a los apoyos gubernamentales en el sector rural, porque han disminuido las oportunidades para buscar una vida mejor. Prueba de ello es que las estadísticas reflejan que el 60 por ciento de los programas entregados en el agro, son recibidos por productores mayores de 50 años. ¿Y, sin apoyos, a dónde se refugiará la juventud del campo mexicano?
Mientras tanto, el robo a trenes de carga se multiplica por toda la nación. Los delincuentes bloquean las vías y se llevan todo: maíz, frijol, trigo, cebada…Hasta hace poco, el promedio de los asaltos por año rebasaba los 6 mil. Las pérdidas son también multimillonarias, pues anualmente se mueven más de 100 millones de toneladas. Guanajuato y Querétaro, son de los principales estados en que han fijado sus objetivos los ladrones de alimentos. Y esto se refleja porque los campos han dejado de sembrarse y una prueba de ello es que, desde las carreteras, cualquiera lo puede advertir.
De acuerdo con denuncias, en el cercano estado mexiquense, la Unión de Productores de Maguey y de San Juan Teotihuacán, grupos armados recorren los cultivos para destruir magueyales, sacar los gusanos y venderlos muy caros en restaurantes de lujo; no dejan la piel y las pencas que utilizan en elaboración de barbacoa y mixiotes. Esa crisis también se ha registrado en el estado de Hidalgo.
También en Michoacán, “El crimen organizado creó un impuesto a la facturación de ganado y comercialización de la carne; se cobra un porcentaje del ganado que sale del estado y una cantidad a las carnicerías por la venta de carne al menudeo. Todo esto es controlado por ellos mismos”, acusaron desde hace tres años los familiares de Joaquín Ponce de León Andrade, líder de la Unión regional Ganadera de Michoacán, quien fue secuestrado desde julio de 2012. Lo mismo ha sucedido con ganaderos de Chiapas, Tabasco y Tamaulipas.
Finalmente, Omar García Ponce, especialista en temas del campo, describe que “en temporada de lluvias las laderas y barrancas de la sierra de Guerrero se cubren de rojo. En esta región se produce aproximadamente 60 por ciento de la amapola del país, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El cultivo de maíz había sido históricamente la principal actividad económica en la sierra guerrerense, pero en años recientes la extracción de goma de opio se ha convertido en la base del ingreso familiar en estos poblados. De cada hectárea de amapola se extraen alrededor de 11 kilos de goma de opio, que eventualmente se transforman en unas 7 mil dosis de heroína, valuada en no menos de 70 mil dólares en las calles de Nueva York.
“Como en Guerrero, el cultivo de drogas ilícitas se ha extendido profusamente por las cadenas montañosas del noroeste y sur de México. Orillada por necesidad económica, o forzada por el crimen organizado, buena parte de la fuerza de trabajo rural se ha incorporado a la producción de drogas.
Los pequeños agricultores –es decir, aquellos que cosechan poco más de lo necesario para el autoconsumo—han sido los más vulnerados. El caso de los maiceros merece especial atención: frente a los embates del mercado y las fluctuaciones en el precio del maíz, miles de campesinos han resuelto sembrar cultivos ilícitos mejor cotizados, como mariguana o amapola. Y esto no ha ocurrido sin la dosis de violencia que el mundo el narcotráfico trae consigo. El crimen y la violencia se han adentrado en lo más profundo del campo mexicano”.
Por ello, vale tomar en cuenta tal consideración.