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MÉXICO, DF, 28 de mayo de 2014.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la Procuraduría General de la República debe indemnizar a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial así como el reconocimiento público de su inocencia.
Los magistrados del pleno del TFJFA concluyeron que la PGR a pagar una cantidad por concepto de indemnización de daño patrimonial y otra más por concepto de indemnización de daño moral, además de que deberá ofrecer una disculpa pública a Jacinta para exculparla, al haber sido acusada y aprehendida arbitrariamente por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delito contra servidores públicos.
A pregunta expresa de Quadratín, la exculpada exhortó a las autoridades responsables de sentenciarla a hacer bien su trabajo. “No sé qué decirles más que ponerles la mano de Dios, solamente les pido que hagan bien su trabajo”, expresó con voz entrecortada.
El magistrado presidente Manuel Hallivis Pelayo consideró necesaria la indemnización para efectos de salvaguardar los derechos de acceso a la justicia de la señora Jacinta, de acuerdo al artículo 2º fracción octava de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad y progresividad.
La originaria del poblado de Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, escuchó de viva voz del presidente magistrado del TFJFA la resolución en formato fácil para su comprensión que le dio la razón.
“La Procuraduría General de la República hizo mal su trabajo lo que te ocasionó un daño patrimonial y moral por lo que se va a indemnizar por el daño patrimonial al no poder haber trabajado todo el tiempo que estuviste en la cárcel, también otra indemnización por daño moral por haber lesionado tu honor, sentimientos, vida privada, afectos, decoro, reputación, aspecto físico y que tu pueblo te haya perdido el respeto”, se leyó en la resolución.
El pleno además condenó a la PGR a otorgar una disculpa pública en los mismos medios donde fue publicada la acusación.
El Tribunal garantizó que vigilará el cumplimiento de la sentencia de acuerdo al artículo 58 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo para que la autoridad cumpla con lo impuesto.