Decálogo de Peña Nieto, solución a largo plazo: Imepol

MÉXICO, DF, 30 de noviembre de 2014.- El decálogo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para recobrar el Estado de Derecho es una solución a largo plazo, ya que por tratarse de reformas constitucionales requerirán leyes secundarias, por lo que el solo proceso de puesta en marcha, concluiría por muy pronto en marzo, advirtió Saúl Ramírez de Arellano, académico del Instituto Mexicano de Estudios sobre el Poder Legislativo.

«Se tratarán de cambios que en el mejor de los casos podrían estar operando en febrero o marzo y entonces estaremos hablando de otro escenario, pero en su gran mayoría se tratan de reformas que no se cristalizarán ni en los próximos 30 días. Es decir, 2014 finalizará sin menores cambios», apuntó el constitucionalista en entrevista con Quadratín México.

En este contexto, detalló que a partir del lunes la Cámara de Diputados se convertirá en el foro donde lleguen y se analicen estas iniciativas y, tal como lo adelantaron el presidente del PRI, César Camacho y el coordinador del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, los grupos parlamentario, buscarán acortar los tiempos con la intención de que estas iniciativas sean aprobadas lo antes posible.

Incluso, dijo, antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el actual Periodo Ordinario de Sesiones pudieran aprobarse, pero tratándose de una reforma constitucional pasará al Senado como Cámara revisora y posteriormente al Constituyente Permanente.

Sobre los alcances de la reforma, el politólogo detalló que con éstas se hará legal un escenario que actualmente impera en los estados con la participación del Ejército y Policía Federal en labores de seguridad, en municipios que se ven gravemente lastimado con la presencia del crimen organizado.

«Lo que anunció el presidente retrata el diagnóstico que es compartido por un gran número de actores en el sentido de la debilidad institucional, pero como se trata de un problema que se fue gestando a mediano y largo plazo, la solución obviamente no será de la noche a la mañana», advirtió Ramírez de Arellano.

PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL,

PARA RECOMPONER EL TEJIDO SOCIAL 

El caso Iguala mostró una cara social, donde la pobreza, la ignorancia y la vulnerabilidad permiten que el crimen organizado se geste, se encarne en el tejido social y por lo tanto haya complicidad, cohabitación y crecimiento desmesurado de la violencia, escenario que hace tiempo que se está tratando de permear con programas sociales como la Cruzada contra el Hambre, apuntó el analista.

«La Cruzada contra el Hambre busca sacar a siete millones de mexicanos que se encuentran en pobreza extrema y alimentaria y en un enfoque un poco más amplio es una política que se ha venido aplicando desde el 1 de diciembre de 2012 y que responde a tratar de abatir la pobreza extrema para que en esa medida el crimen organizado tenga menos campo fértil de cultivo», puntualizó.

Finalmente, adelantó que el contexto electoral demanda estar alerta, porque se esperaría que los partidos de todos los colores usarán los hechos de Iguala y la inseguridad del país como elemento para medrar el proceso, además de que podrían presentarse cálculos políticos para retrasar las iniciativas que el Ejecutivo Federal estará enviando.

“Sería lo deseable que para las elecciones del año entrante haya condiciones lo suficientemente seguras para que estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, donde el presidente ha puesto principal atención se puedan realizar las elecciones con completa calma y ese será el termómetro para medir los alcances de la estrategia que presentó el presidente el pasado jueves”, concluyó.