Caen en Operativo Enjambre directivos de seguridad y alcaldes de Edomex
MÉXICO, DF, 4 de octubre de 2014.- El jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México para la audiencia sobre migración, refugio y desplazamiento forzado encontró responsables a los gobiernos de México, Estados Unidos, Canadá y países centroamericanos expulsores de migrantes “por la violación, incumplimiento e inaplicación de las obligaciones adquiridas en su condición de Parte en los diversos instrumentos de derechos humanos”.
Luego de tres días de discusión en el auditorio Alfonso Caso, en Ciudad Universitaria, durante los cuales se presentaron casos y testimonios de personas migrantes sobre el violento camino que atraviesan al salir de su país de origen (secuestros, asaltos, golpes, violaciones sexuales, mutilaciones, masacres, etcétera), el jurado determinó que “se trata de un espectro de responsabilidades complejas, en tanto involucra a distintos Estados (de origen, de tránsito y de recepción de migrantes), y a actores distintos de los mismos, tales como agentes paramilitares, del crimen organizado o de empresas transnacionales, en un marco de impunidad generalizada”.
El TPP se solidarizó con todos los testigos y defensores que participaron en representación y defensa de los derechos humanos de los migrantes y se comprometió a visibilizar tanto los agravios y violaciones sufridas por los migrantes como las causas y responsables de la tragedia.
En ese sentido, el TPP “hace suyo el pronunciamiento del monseñor Raúl Vera y de todos los que como él han denunciado la ilegalidad de la política económica neoliberal puesta en acto que niega la vida y la dignidad de la mayoría de los hombres y mujeres, víctimas de crímenes atroces que son considerados efectos colaterales dentro del camino que los señores del dinero y de la política se han trazado”.
En sus recomendaciones, el jurado –compuesto por activistas, defensores y académicos de diversos países centroamericanos- llamó a los gobiernos de los países antes mencionados que “terminen con la violación impune, masiva y sistemática de múltiples derechos humanos de las y los migrantes, que expresa la violencia estructural y de coyuntura desatada por la imposición de dinámicas aberrantes de acumulación de capital”.
También llamaron a México, Estados Unidos y Canadá a eliminar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio para Centro América (CAFTA) y las políticas de ajustes estructurales impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
“Estos tratados y políticas han generado un daño económico y social incalculable, incluyendo el desplazamiento de sectores de la población, imposibilitando el ejercicio de los derechos y la imposición arbitraria de un sistema desigual, en donde el capital y las mercancías pueden moverse libremente a través de las fronteras, pero el movimiento de las personas es criminalizado”.