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MÉXICO, DF, 26 de septiembre de 2014.- Amnistía Internacional (AI) demanda a las autoridades mexicanas que la sentencia que imponga a Bettina Cruz Velázquez «cumpla con las normas internacionales de derechos humanos y sea en particular respetuosa del derecho a un juicio justo y del derecho a defender los derechos humanos, sin temor a represalias, el cual a su vez se reafirma en los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, entre otros», destaca la primera emisión de Noticias MVS.
Bettina Cruz Velázquez, cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), señala Amnistía Internacional, «ha participado en manifestaciones en contra de las altas tarifas de electricidad y la construcción de turbinas de viento en tierras pertenecientes a los pueblos indígenas del Istmo.»
En el estado de Oaxaca, agrega el organismo «integrantes de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo han señalado que el parque eólico se está construyendo en sus tierras sin su consentimiento libre, previo e informado y que les preocupa el impacto de la construcción en la agricultura y en las tierras.»
Debido a las amenazas y hostigamiento que ha recibido por su activismo, Bettina Cruz Velázquez recibe en 2012 el otorgamiento de medidas cautelares por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensores Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, agrega Amnistía Internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) ha llevado un proceso en su contra desde 2011, después de que Cruz Velázquez, participó en una protesta de APIITDTT ante las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Ya para el 22 de febrero de 2012, agentes de la PGR detuvieron a Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, Oaxaca, cuando salía de una reunión con la Comisión Federal de Electricidad acompañada por una abogada de derechos humanos.
La activista Cruz Velázquez, dice Amnistía Internacional, «permaneció recluida en régimen de incomunicación durante cuatro horas antes de ser conducida a la prisión de Tehuantepec, acusada formalmente de privación ilegal de la libertad y delitos contra “el consumo y riqueza nacional”.
Dos días después, Cruz Velázquez salió en libertad bajo fianza, pero el proceso ha seguido. Ahora enfrenta la posibilidad de una sentencia condenatoria que podría resultar en prisión, alerta la agrupación humanitaria que advierte que si Cruz Velázquez es apresada consideraría declararla «presa de conciencia».