Demanda INAI cooperación en la persecución del robo de identidad

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de enero de 2016.- Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emprendieron jornadas de sensibilización en distintos estados del país, para que se profundice en la atención al problema del robo identidad, las consecuencias y las medidas para prevenirlo, en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales.

En eventos simultáneos, se informó en un comunicado, demandaron que el INAI tenga más facultades para poder cooperar con otras autoridades en la persecución del robo de identidad, en la Ley General de Protección de Datos Personales, cuyo proyecto está en análisis en el Congreso de la Unión.

En Oaxaca, la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, señaló que en México enfrentamos grandes retos de cara a la protección de la privacidad, identidad  y los datos personales de las y los mexicanos.

“Si bien una de las principales dificultades al momento de abordar esta problemática es que actualmente no existe el tipo penal del robo de identidad a nivel federal, es importante que en Oaxaca se encuentren también disposiciones específicas al respecto”.

En San Luis Potosí, la comisionada María Patricia Kurczyn destacó la necesidad de promover el conocimiento entre los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades en materia de protección de datos personales.

En Morelos, la comisionada Areli Cano Guadiana, advirtió que el país carece de una regulación general para el delito de robo de identidad.

Expuso que al interior de la República sólo 16 entidades tienen regulado el robo de identidad o alguna de sus variantes (Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito Federal,  Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas).

“Aun cuando está regulado en estos estados, existen diferencias; por ejemplo, algunos hacen alusión expresamente al robo de identidad, otros aluden a la usurpación, otros a la suplantación de  identidad y, aunque en todos los casos el delito amerita prisión y multa, la temporalidad de la privación de la libertad y el monto económico suele variar en cada estado”, subrayó.

En Durango, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que hay cinco millones de bases de datos en poder de particulares que es necesario que tengan un adecuado tratamiento y protección.

Manifestó que no sólo se deben garantizar la protección de los datos personales en poder del sector público, sino también los que están, por ejemplo, en posesión de particulares como: escuelas privadas, médicos, abogados y gimnasios.

En Sinaloa, el comisionado Oscar Guerra Ford señaló que los datos personales en ese estado y en muchos más, se protegen a través de las leyes de acceso a la información, pero como derecho humano, tienen una lógica propia que hace necesaria una normatividad y una ley específicas.

“Por eso en el Congreso de la Unión se habló de la necesidad de aprobar una Ley General de Protección de Datos Personales, que ya está el dictamen en comisiones, según nos decían algunos senadores, y estará lista a finales de febrero o principios de marzo”, indicó.

Guerra Ford destacó que una vez aprobada, se abrirá un periodo de un año, para que todas las entidades tengan que reformar o crear sus leyes, según sea el caso, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales.

En Chetumal, Quintana Roo, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló que con el fin de combatir de forma homogénea el robo de identidad, se debe tipificar este delito en el Código Penal Federal.

Destacó que sólo 16 estados del país sancionan el robo de identidad o algunas de sus variantes, pero la forma de nombrar el delito no es homogénea y las sanciones varían, aunque en todos los casos implican prisión y multa. 

En Campeche, el comisionado Joel Salas Suárez señaló que es urgente la coordinación entre autoridades para fortalecer las medidas para prevenir, perseguir y combatir el robo de identidad.

Señaló que para facilitar la intervención del Instituto en el combate del robo de identidad es fundamental que en la Ley General de Protección de Datos Personales, pendiente de discutirse y aprobarse en el Senado de la República, se le otorguen atribuciones para cooperar con otras autoridades.